La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú escuchó hoy los argumentos y dejó listo para una posterior votación el recurso presentado por la defensa de Alberto Fujimori para objetar la neutralidad de dos jueces en un juicio por corrupción, informó el Poder Judicial.
El recurso de nulidad parcial fue interpuesto por la defensa después de que la Corte Suprema declarara en mayo infundada una primera recusación contra los mismos dos jueces, César San Martín y Víctor Prado, y aceptara la del un tercer juez, Hugo Príncipe.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, reiteró hoy en una audiencia pública ante el tribunal sus dudas sobre la imparcialidad de San Martín y Prado en el próximo juicio al el ex gobernante (1990-2000) por el pago por compensación laboral de 15 millones de dólares a su entonces asesor Vladimiro Montesinos en el 2000.
Nakazaki argumentó que los dos jueces sostuvieron en el último juicio por violación a los derechos humanos contra su cliente, en el que se le sentenció en primera instancia a 25 años de prisión, que Fujimori tuvo una relación criminal con Vladimiro Montesinos.
Si se mantiene ese argumento en este juicio, se asume que dicha relación habría llegado a su fin con el pago de los 15 millones en el 2000, año en que se destapó una inmensa red de corrupción gubernamental tramada por el entonces asesor de inteligencia de Fujimori y que motivó la caída del régimen.
Por su parte, el procurador ad hoc, Pedro Gamarra, precisó que la solicitud para recusar a los dos jueces carece de fundamento y subrayó que los casos por violaciones de derechos humanos no tienen vinculación con el de corrupción.
Tras el escándalo de corrupción que se desató en el Gobierno de Fujimori en septiembre del 2000, Montesinos presuntamente lo presionó para que le pagara ese monto de dinero como "compensación laboral" por los diez años que trabajó para el Gobierno.
Hay sospechas de que, con varios ministros como testigos, Fujimori hizo una transferencia de fondos estatales para pagar ese dinero a su asesor de inteligencia, quien se habría fugado con esos fondos del país.
El ex presidente peruano también cumple actualmente una condena a seis años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de Montesinos en el 2000.
