La cadena ecuatoriana Teleamazonas apeló hoy el fallo de un juzgado de Quito, que el pasado lunes le negó un recurso de protección sobre la suspensión de tres días de sus emisiones, aplicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones en diciembre pasado.
La apelación fue presentada ante la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, con el argumento de que la negación del juzgado al recurso de protección "claramente, violenta las normas constitucionales y legales".
Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, en el escrito de apelación, difundido también en un comunicado, sostuvo que se ha violado "el debido proceso", "la tutela judicial efectiva" y que la sanción contra su canal coartó la libertad de pensamiento, comunicación e información.
Según la defensa de Teleamazonas, la sanción se aplicó con base en un reglamento de radio y televisión que, a su criterio, quedó derogado con la vigencia de la nueva Constitución del país, aprobada en referendo en 2008.
Además, la apelación incluye criterios de varios juristas y comentaristas de distintos medios de información, quienes han coincidido en que se han cometido varias violaciones constitucionales y legales.
El pasado lunes, el juzgado octavo de la Niñez y la Adolescencia, encargado de tramitar el recurso de protección, negó la petición del canal, que rechazó la suspensión de 72 horas dispuesta por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), entre el 22 y el 25 de diciembre pasado.
El fallo de ese juzgado señaló que la sanción impuesta por la Supertel no constituyó violación de las garantías y derechos del debido proceso, no atentó contra la libertad de expresión ni contra los derechos laborales de los trabajadores, tal y como argumentó la cadena.
En diciembre pasado, la Supertel sancionó a Teleamazonas, cadena crítica al Gobierno, por haber transmitido un reportaje sobre la supuesta afectación de las actividades pesqueras en la isla Puná debido a la exploración de gas natural a cargo de la petrolera venezolana PDVSA.
La Supertel consideró que esa información estaba basada en supuestos y que, eventualmente, podía haber causado una conmoción social en la zona.
Teleamazonas alegó, por su parte, que el reportaje por el que fue sancionada no se basó en supuestos sino que transmitió el temor de los pescadores de la zona.
Además, la Supertel estudió otros dos expedientes contra el canal, por haber emitido corridas de toros en horarios no permitidos y por informar de un supuesto centro clandestino electoral en torno a los comicios generales de abril pasado.
El expediente sobre el tema del gas en la isla Puná fue el tercero contra Teleamazonas, que podía haber sido sancionado hasta con tres meses de suspensión, aunque la autoridad fijó tres días, tras los cuales, la cadena volvió a transmitir con normalidad.
