Detención preventiva para José Raúl Mulino es ilegal

La detención preventiva en contra del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, es contraria al derecho, así consideran abogados de diferentes corrientes políticas.

Lo más sorprendente es que entre los abogados que cuestionan la medida cautelar más severa contra Mulino, hay adversarios políticos del exfuncionario.

Tal es el caso del analista político Ebrahim Asvat, quien en su columna La Bitácora, del martes 27 de octubre, cuestiona la forma cómo la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, ha llevado este caso.

En su escrito, Asvat considera que no es justo que a Mulino se le mantenga detenido por "haber firmado un contrato, debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete".

El exdirector de la Policía Nacional indicó que por la naturaleza del cargo, no hace a una persona garante o responsable de los inconvenientes o resultados negativos que la ejecución del mismo pueda generarle al Estado.

La ejecución del contrato, que consistía en el funcionamiento de los radares, estaba directamente vinculada al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), por esta razón Asvat se pregunta: "¿por qué no los han llamado a declarar?".

Durante el Gobierno pasado los oficiales del directorio del Senan se referían a la efectividad de los radares en la detección de los barcos con droga; sin embargo, con el cambio de Gobierno su discurso cambió.

"Ellos, por dos años han estado involucrados directamente con la implementación del contrato, y a la sucesión de Gobierno han sostenido una tesis contraria, con el único afán de caer bien y entrar en sintonía con los nuevos personeros", plasmó Asvat en su artículo de opinión.

Por esta razón, para quien fuera el primer director civil de la Policía Nacional, debe haber alguna responsabilidad por omisión de la alta dirigencia del Senan.

El jurista Silvio Guerra considera que en el peor de los casos, el cargo que se podría imputar a Mulino sería por el delito de peculado culposo, donde la pena máxima es de 3 años.

Por esta razón, expresa Guerra, la decisión de la fiscal Moore contraviene lo que establece el artículo 2140 del Código Judicial, que consiste en que en los casos con penas menores a los cuatro años no se aplica la detención preventiva.

Para el jurista la medida cautelar aplicada al exministro José Raúl Mulino, contraviene la realidad de un acusado que compareció personalmente.

El exministro Mulino no solo se presentó voluntariamente al despacho de la procuradora, sino que se levantó el fuero electoral del que goza por ser candidato al directorio del partido Cambio Democrático (CD).

El Código Judicial establece que la detención preventiva es aplicable cuando hay peligro de fuga, situación que a juicio de Guerra no es aplicable al caso del exministro Mulino.

Guerra coincide con Asvat al destacar que no se puede acusar a alguien de firmar un contrato.

Indicó que en el caso de que haya vicios ocultos, igual responsabilidad tienen los miembros del Consejo de Gabinete que firmaron la autorización de dicho acuerdo comercial.

"Si la firma de ese contrato o la autorización para la compra de ciertos bienes fue avalada por todo un Consejo de Gabinete, cómo es que ahora se le dice al país, tras la detención del exministro, que solamente él y tan solo él es quien tiene que responder por la cosa comprada", agregó Guerra.

Gremios opinan

Quien se sumó a estos cuestionamientos fue José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), al señalar que la detención preventiva ordenada contra el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, no tiene sustentación legal.

"Si solo se le está acusando por firmar un contrato para el cual fue autorizado, la razón es muy endeble... porque todos los ministros tienen autorización del Consejo de Gabinete", agregó Álvarez.

El dirigente del gremio de los abogados respaldó la solicitud que hiciera Mulino en su indagatoria, de llamar a declarar a los exministros que participaron en el gabinete, entre ellos a Alberto Vallarino.