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Epasa solicita medida cautelar urgente a CIDH ante amenazas de diputados

La solicitud se produjo luego de la advertencia del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha de que recaba información para exigirle a la Procuraduría de la Nación que investigue penalmente la compra del Grupo Epasa.

José Alberto Chacón | jose.chacon@epasa.com | @josechacon18 - Actualizado:

Epasa solicita medida cautelar urgente a CIDH ante amenazas de diputados

El presidente del Grupo Epasa, Ricardo Chanis, reiteró ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la solicitud, con carácter de "urgencia", de dictar una medida cautelar de protección a favor de los diarios, sus directivos y periodistas.

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La solicitud se produjo luego de la advertencia del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha de que recaba información para exigirle a la Procuraduría de la Nación que investigue penalmente la compra del Grupo Epasa.

La amenaza de Arrocha surge después de que los diarios Panamá América y Crítica publicaran notas sobre la presunta vinculación de la empresa de la cuñada del diputado José Luis Varela con el escándalo Odebrecht.

Chanis hizo una recopilación de todas las amenazas y presiones que ha recibido en los últimos dos años y medio el Grupo Epasa por cuestionar y fiscalizar al gobierno de Varela.

Fuentes legislativas revelaron que la advertencia de Arrocha contra Epasa fue por encargo del diputado Varela, quien anteriormente amenazó a los medios de oposición con arremeter en su contra.

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela busca armar procesos en contra de Epasa por publicaciones que involucran a sus allegados en supuestos actos de corrupción.

Las publicaciones sobre el vínculo de Margarita de Niño con la empresa Active Capital Holdings y su relación con el caso Odebrecht ha generado una ofensiva oficialista contra esta casa editorial.

Hay que señalar que "Popi" Varela es cuñado de Margarita de Niño, que a su vez es esposa de Juan Antonio Niño, el presidente de la empresa a través de la cual se sospecha que se movieron 50 millones de dólares en concepto de coimas por parte de Odebrecht.

A raíz de esa publicación, el panameñista Jorge Iván Arrocha desenfundó armas contra Epasa.

Arrocha, el martes y ayer, señaló en el pleno de la Asamblea que cuenta con pruebas para demostrar que hubo irregularidades en la compra de Epasa durante el periodo del presidente Ricardo Martinelli.

El discurso de Arrocha surge inmediatamente después de que Panamá América hiciera una serie de publicaciones que ponen en evidencia que la justicia no llama a declarar a autoridades públicas y personas afines que son mencionadas en expedientes que llegan de afuera.

Esta ha sido la constante desde que Varela asumió el cargo, a pesar de que en campaña prometió respetar la libertad de expresión.

Aquella promesa ha caído en saco roto, ya que el propio oficialismo se ha hecho cargo de romperla.

Durante la convención del Partido Panameñista, celebrada en octubre del año pasado, "Popi" Varela pronunció un discurso que dejó con muchas dudas a los dueños de medios de comunicación.

"Popi", a quien ya mencionan como candidato presidencial del colectivo gobernante para las elecciones de 2019, aunque por Constitución no pueda serlo, dijo que iniciaría una campaña contra medios adversos a la política gubernamental.

"Les decimos a nuestros adversarios que con hechos y con la verdad en mano, a partir de hoy iniciaremos una ofensiva democrática para desmentir y aclarar todas las calumnias que diariamente lanzan en redes sociales", declaró.

Desde esa ocasión, el portal web de Panamá América ha sido objeto de varios atentados cibernéticos que han impedido mostrar el contenido de las investigaciones periodísticas a sus miles de seguidores.

El último ocurrió la semana pasada, cuando se detectaron más de 8,000 ataques contra la plataforma digital.

Consultada sobre el tema, Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), señaló que si la procuradora Kenia Porcell arma un expediente contra Epasa, se les deben garantizar sus derechos.

"A Epasa y sus propietarios tienen que respetarles todas sus garantías procesales, porque no se puede estar acusando libremente sin pruebas".

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