Ministro Etchelecu habría violado ley de contrataciones

Las irregularidades en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) no solo se circunscriben a las compras que se desviaron al Programa de Ayuda Nacional (PAN), sino también a los procesos de licitaciones manejados a través de la Ley 22 de contrataciones públicas, específicamente en un contrato de 13.8 millones de dólares adjudicado en marzo de 2015.

Se trata de un nuevo escándalo que vincula al titular del Miviot, Mario Etchelecu, al adjudicar este contrato millonario, a pesar de que existía una advertencia de la Comisión Evaluadora de dicha licitación que daba cuenta de que uno de los cinco proponentes y quien ganara el acto público "no cumplió con los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos para todos los proponentes, por tanto, su propuesta no debió ser considerada ni evaluada, por lo que corresponde hacer este reconocimiento, correctivo y modificación".

Ello se indica en lo que decretara la Comisión Evaluadora el 11 de marzo del 2015 de la licitación número 2014-0-14-0-03-LV-007723, la cual establecía el suministro de materiales y construcción de casas para el proyecto Villas Arco Iris en Colón.

Se trata de la empresa Riba Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (Saiicfa).

El informe establece que Riba Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (Saiicfa) se presentó a la licitación con una fianza a nombre de una razón social diferente y adicionalmente no suministró el cronograma de trabajo solicitado en el capítulo II del pliego de cargos, lo que la descalificaba inmediatamente para seguir siendo considerada.

Incluso, la Comisión Evaluadora, integrada por Maswell de Obaldía, Carlos Franco y Andrés Quijano, recomendó asignar el acto público al Consorcio M&E; sin embargo, el propio ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, intervino en la licitación, ocho días después, e ignoró el informe de la Comisión Evaluadora, lo que, según expertos en contrataciones públicas, sería una violación a la Ley 22 de junio 2006.

Abogados como Ernesto Cedeño y Víctor Almengor coinciden en que el Ministerio Público, desde este momento, debería iniciar una investigación de oficio ante las publicaciones surgidas en los medios por las irregularidades en actos de licitación en el Miviot.

Sin embargo, sobre este nuevo escándalo al que ha tenido acceso , se descubrió que el 19 de marzo de 2015, Etchelecu firmó la Resolución 140-15, en la que se adjudica por mejor valor la licitación a la empresa Riba Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (Saiicfa) por un monto de 13.8 millones de dólares.

Reacciones

A juicio de Ernesto Cedeño, es necesario que el Ministerio Público investigue para establecer si se está ante la existencia de un tipo de delito contra la administración pública.

Mientras, Almengor es de la idea de que por los mismos hechos que en estos momentos se denuncian en los medios, hay funcionarios del gobierno anterior detenidos.

Defensa

El ministro Mario Etchelecu ha negado las acusaciones al punto que anunció que hoy irá al Ministerio Público para ponerse a disposición ante la investigación en su contra por las compras tramitadas por el PAN.

Etchelecu dijo que se trata de ataques contra el programa Techos de Esperanza y que podría aclarar cualquier duda, pero lo que nunca ha respondido es por qué las compras fueron adjudicadas a un selecto grupo de empresas vinculadas al él y al presidente Juan Carlos Varela, específicamente Airco S.A., Royal Construction, Autopartes la Competencia, Transisa, American Colors, Productos Superiores y TLK Import & Export.

Airco S.A. es propiedad de Pedro Vallarino Trombetta, amigo personal del presidente Varela, además de haber sido nombrado directivo de la Caja de Ahorros hasta julio de 2015, cuando renunció.

Etchelecu también ha revelado la lista de empresas que se adjudicaron las licitaciones por 1,340 millones de dólares.

La Asamblea Nacional aprobó citar a Etchelecu para que responda por sus contrataciones, pero fuentes oficiales afirman que Etchelecu está preparando un informe para esquivar el tema, aduciendo que todo lo ha comprado a menor precio que administraciones pasadas.

Etchelecu también ha recibido quejas de dos grupos económicos del país: los fabricantes de plataformas de construcción y los distribuidores de maquinaria pesada.

Las compañías distribuidoras de maquinarias y equipos pesados, entre las que figuran Cardoze&Lindo, F. Icaza, Copama, Grupo Tiesa, Comerciales de Motores y otras, advirtieron sobre el favoritismo de las compras del Miviot a Airco y Fiorazio de Panamá.

Solo en 2015, el PAN le otorgó 20 contratos por invitación a Airco para el suministro de maquinarias, herramientas y hasta materiales de construcción dirigidos al programa Techos de Esperanza.

Los fabricantes de plataformas reclaman el favoritismo a favor de Royal Construcción.

Esta empresa, Royal Construcción, fue beneficiada por contratos por un monto de 10 millones de dólares en un año, según el informe que elaboró el PAN.

La directora de la Antai, Angélica Maytín, en una auditoría, logró corroborar que se dieron compras fraccionadas para realizar contrataciones directas, no solo en el 2014, sino que la situación continuó en 2015.

Esto contradice la tesis del Gobierno de que durante el año pasado no se dieron contratos directos.