Movin insiste en escrutinio de los candidatos a la Corte

Las audiencias públicas que realiza el Pacto de Estado por la Justicia como parte del proceso de selección para las dos vacantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia pierde credibilidad ante la opinión pública.

Por una parte, hay sectores que califican que se está ante un show mediático y, por otra, juristas consultados consideran que el proceso comenzó viciado éticamente.

El primer argumento es respaldado por la decisión que tomara la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de renunciar a las audiencias públicas que realiza el Pacto de Estado por la Justicia

La decisión se tomó tras confirmarse que el Movimiento Independiente por Panamá (Movin) está realizando entrevistas paralelas.

Movin se creó en las elecciones de 2014 para respaldar la candidatura presidencial de Juan Carlos Varela.

Por está razón, Zulay Rodríguez, diputada del PRD, criticó la influencia que tiene esta agrupación, a tal punto que se le ha dado facultades que por ley le son privativas a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

Por su parte, José Alberto Álvarez reveló que una vez se conoció el motivo de su salida de la mesa de audiencias públicas, el gremio ha recibido apoyo de todos los sectores por las redes sociales.

Álvarez reveló que el Órgano Ejecutivo, en la más reciente reunión del Pacto de Estado por la Justicia, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Salvador Sánchez, se comprometió a no crear entrevistas paralelas con Movin.

Sin embargo, la noticia sobre la existencia de una audiencia paralela que realiza Movin, comenta Álvarez, les cayó mal y ha dado como resultado que dejarán la silla vacía en las siguientes audiencias.

Explicó el presidente del CNA que desde el viernes circulaban informaciones sobre tales entrevistas paralelas, pero no fue hasta el día lunes 23 de noviembre cuando se dieron las primeras audiencias públicas.

César Moreno y María Eugenia López, los candidatos que intervinieron en el primer día de audiencias, reconocieron que habían sido llamados por Movin para participar en entrevistas paralelas.

Dijo Álvarez que la decisión del CNA ha sido recibida con respaldo dentro de las redes sociales, en donde se comenta que las audiencias públicas que realiza el Pacto de Estado por la Justicia no serán determinantes porque ya el presidente Juan Carlos Varela tiene el nombre y apellido de los dos candidatos que ocuparán la vacante que dejara Víctor Benavides y la que dejará Harley Mitchell el 31 de diciembre de 2015.

Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, consideró que este proceso es una pérdida de tiempo.

Esta aseveración la hace Méndez porque, a su juicio, el presidente Varela tiene los nombres de los magistrados que designará.

El dirigente sindical calificó como una pantomima estas audiencias públicas.

Esta misma opinión es compartida por la diputada Zulay Rodríguez, quien señala que la decisión que tomará el Gobierno es la que decida Movin.

Según Rodríguez, ya hay evidencias de la influencia de este grupo en actos exclusivos de quienes están a cargo de la administración de justicia.

"Movin ha logrado que un magistrado de la Corte se declare impedido en un proceso y hasta revisan expedientes en el Ministerio Público", dijo Rodríguez.

Por su parte, Genaro López, de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), expresó que el presidente Varela está aplicando su injerencia en este proceso de consulta, al colocar a "supuestas organizaciones de la sociedad civil", para hacer consultas, en alusión a Movin.

Vicios éticos

De las nueve representaciones que tiene el Pacto de Estado por la Justicia, al menos cinco de estos puestos, por motivos éticos, deberían permanecer vacíos, señaló Ernesto Cedeño.

Agregó que este proceso se ha iniciado con vicios éticos.

El jurista comentó que se trata de funcionarios que ostentan cargos, quienes, ante un proceso penal, serían investigados por los magistrados.

Se trata de Ana Matilde Gómez y los procuradores Rigoberto González y Kenia Porcell.