Panamá atrae cada vez a más migrantes

Panamá ha reconocido a más de 2,479 refugiados de diversas nacionalidades a lo largo de 30 años, no obstante, las solicitudes para aplicar a esta condición podrían ascender a su máximo registro en el 2018.

Así lo confirmó la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) que tramitó durante el 2015 unas 1,500 solicitudes, en 2016 atendió 3,000 casos, pero en 2017 esta cifra ascendió a casi 4,000.

La directora de Onpar, Yadira de Calvo, sostuvo que este año, 2018, también se espera que aumente la cifra y se dupliquen las solicitudes, pero no es garantía de que pasen el proceso.

Y es que la situación coincide con el endurecimiento de los controles migratorios en Panamá, que solo entre enero y febrero aplicó retorno voluntario, deportación y expulsión a unos 571 extranjeros, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM).

No obstante, la funcionaria reconoció que ha sido notable el aumento de solicitudes que se han emitido, pero gracias a un nuevo decreto podrá agilizarse el trámite de refugiados.

Se trata del Decreto Ejecutivo Número 5 del 16 de enero de 2018, que deroga el Decreto Número 23 de 10 de febrero de 1998, el cual reduce el tiempo de tramitación de las peticiones de refugio, a través de un sistema informático de tramitación, en el que los interesados debe llenar los requisitos en línea.

Solicitudes

Anteriormente, las personas debían presentar la solicitud de refugio por escrito, pero desde el 20 de diciembre pasado se realiza el trámite mediante un portal web, donde se llenan los formularios.

Con ello, se mantienen los mismos requisitos para aplicar al refugio que serían de persecución por raza, religión, opinión política, pertenencia a determinado grupo social o género, entre otros.

Incluso cuando la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) haya publicado el martes pasado una nueva guía para que los Gobiernos aborden la situación de las personas en necesidad de protección internacional y asistencia humanitaria, solicitó tomar como razones para acoger a ciudadanos venezolanos la inseguridad y la violencia, la falta de alimentos, medicamentos o el acceso a servicios sociales esenciales, así como la pérdida de ingresos a los que se enfrentan.

Esto, con base en la Declaración de Cartagena de 1984, que se basa en la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951.

Sin embargo, se trata de una convención que no ha sido ratificada por Panamá.

La directora de Onpar, Yadira de Calvo, señaló que el pronunciamiento de la ONU no obliga a Panamá a ejecutarlo, sino que son recomendaciones que se reciben como país, y la nación determina si se ponen en práctica.

Aclaró que como oficina se respetan la leyes y decretos que rigen sobre la figura de refugio y el decreto ejecutivo de enero plasmó la definición que debe seguirse.

La directora detalló que la persecución política se ha convertido en una de las causas más atendidas en la oficina de refugiados, pero solo se concede esta condición cuando se haya enmarcado esta posición conforme a lo que dispone la ley.

Aunque las Naciones Unidas ha instado a los Gobiernos de la región que adopten respuestas para la protección del pueblo venezolano, como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de residencia temporal.