Los trabajadores de la empresa minera Doe Run, en proceso de liquidación, pidieron hoy conversar con el presidente peruano, Ollanta Humala, para encontrar una alternativa al cierre de la fabrica que les garantice sus puestos de trabajo.
Al cabo de una asamblea en la ciudad de La Oroya, donde se encuentra el complejo metalúrgico de Doe Run, el dirigente sindical Luis Castilla declaró a los periodistas que habían acordado declarar ese distrito "en emergencia social y laboral".
"Queremos la intervención directa del presidente de la república. Ojalá que el mandatario tenga la intención de apoyar y buscar una solución justa y viable de este proyecto en La Oroya", dijo Castilla a Radio Programas del Perú (RPP).
Los trabajadores dieron un plazo de 48 horas al mandatario para reunirse con sus dirigentes.
Aunque el Ministerio de Trabajo ha asegurado que el proceso de liquidación en marcha tiene previsto garantizar la permanencia de los 3.500 trabajadores de Doe Run, la asamblea acordó que esa cartera haga una mayor precisión sobre esa iniciativa.
La asamblea también convino en declarar personas no gratas a los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y de Energía y Minas, Jorge Merino.
El Gobierno peruano anunció la semana pasada que la Junta de Acreedores de Doe Run Perú ordenó su liquidación en marcha (intervención sin cierre), ante la "imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración" que presentó su matriz estadounidense Renco para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.
El presidente de la Junta de Acreedores, Diego Calmet, precisó que la medida mantiene suspendidas las operaciones en la planta en La Oroya, una de las localidades más contaminadas del mundo, y permite la continuidad de las actividades en la mina Cobriza, en la región Huancavelica.
Añadió que el plan que había presentado la empresa del magnate estadounidense Ira Rennert "implicaba que se reinicien las operaciones" en La Oroya sin que se haya terminado de implementar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Doe Run se había comprometido a reanudar sus operaciones en mayo próximo, después de haber sido obligada a suspenderlas hace tres años por haber incumplido repetidas veces con implementar el PAMA.
Su empresa matriz, Renco, anunció recientemente que extendía nuevamente el plazo y planteó al Estado peruano que asuma la responsabilidad y las reclamaciones económicas que fueron presentadas ante tribunales de los Estados Unidos por la contaminación generada en La Oroya.
