Un tribunal de Guatemala suspendió hoy una audiencia para decidir sobre el procesamiento por malversación de fondos del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) debido a la presencia de abogados extranjeros de la Comisión contra la Impunidad (Cicig), informó una fuente judicial.
La suspensión de la audiencia en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, a la que acudió Portillo, fue solicitada por el abogado del ex mandatario, Telésforo Guerra, quien alegó que, según las leyes de su país, está prohibida la presencia de abogados extranjeros.
El titular del tribunal, Mario Najarro, indicó durante la diligencia de hoy que estaban presentes al menos tres juristas que representaban a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pero no precisó su nacionalidad.
Agregó que mientras se aclara esta situación y se resuelve la acción legal presentada por Guerra, la audiencia quedaba suspendida y la programó para el próximo 25 de junio.
El incidente se produce apenas dos días después de que el jurista español Carlos Castresana presentara su dimisión como director de la Cicig, instancia de las Naciones Unidas que tiene como mandato colaborar con Guatemala para investigar y desarticular a los grupos criminales que se han incrustado en el Estado.
Castresana renunció debido a que, en su opinión, el Gobierno no ha cumplido con su compromiso de luchar contra la impunidad.
En la audiencia, el juez iba a decidir si el ex presidente es llevado a juicio por el delito de peculado (malversación de fondos) durante su gobierno.
En breves declaraciones hoy a periodistas, el ex mandatario expresó su satisfacción por la renuncia de Castresana, quien investigó su caso y aseguró que el jurista español "ha intimidado a jueces, al Congreso y ha destruido carreras y vidas" como la suya.
Portillo y el ex ministro guatemalteco de Defensa Eduardo Arévalo, que también está en prisión, son acusados por la Fiscalía especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) del desvío de 120 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares).
El ex dignatario huyó a El Salvador y luego a México, en febrero de 2004, pocos días después de entregar el poder, cuando la justicia guatemalteca lo investigaba por corrupción y estaba a punto de pedir su captura.
El 7 de octubre de 2008 a petición de Guatemala, que lo reclamó por el delito de peculado, fue extraditado de México.
Portillo debe responder ante los tribunales guatemaltecos por acusaciones de corrupción durante su gobierno, y tiene pendiente una orden de extradición a Estados Unidos a la que la justicia guatemalteca dio el visto bueno en marzo pasado para responder de un supuesto delito de lavado de dinero.
El ex presidente ha reiterado que el proceso abierto en su contra es una persecución política.
