El gobierno peruano anunció hoy el envío de 1.000 soldados a la región de Madre de Dios, donde hasta el lunes están suspendidas las protestas de mineros ilegales que han dejado tres muertos y 40 heridos.
El contingente viajará a Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, entre hoy y mañana para apoyar a la policía nacional en el restablecimiento del orden y en la protección de lugares estratégicos, dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Al igual que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional también ha enviado varios contingentes adicionales entre ayer y hoy a esa ciudad, según constató Efe en el aeropuerto de Lima.
El ministro agregó que esta decisión gubernamental "va de la mano con un proceso de formalización" de la minería ilegal en Madre de Dios, con la aprobación de nuevas normas que buscan regular esta actividad.
Los mineros ilegales de Madre de Dios protestan desde hace diez días contra las medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala para regular las actividades de extracción de oro en esa región selvática, fronteriza con Bolivia y Brasil.
La minería ilegal en Perú, hasta ahora una falta administrativa, se convertirá en un delito punible con cárcel a partir de mañana, viernes, cuando entrará en vigor el decreto publicado hace 14 días que ha motivado las protestas en Madre de Dios y otras regiones.
El decreto 1102 contempla el castigo a actividades como la exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales que no tengan las autorizaciones correspondientes ni un informe técnico favorable del Ministerio de Energía y Minas.
El Ejecutivo, con facultades especiales otorgadas por el Congreso para legislar sobre minería ilegal, promulgó una serie de decretos para penalizarla, apoyar mayores medidas de control y fiscalización de los productos químicos que necesita, mercurio y cianuro entre ellos, y promover el ordenamiento y el registro de la minería a pequeña escala.
En su modalidad agravada, la minería ilegal puede ser castigada hasta con 10 años de cárcel por operar en zonas no permitidas o en áreas naturales protegidas, por utilizar dragas y por afectar sistemas de agua destinados al consumo humano, entre otras circunstancias.
El líder de las protestas y presidente de la Federación Minera en Madre de Dios, Luiz Otzuka, se ha negado hasta ahora a sentarse a dialogar con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pero hoy dijo que el lunes negociará con el Gobierno en Lima.
El líder de los mineros ilegales explicó que no acudirá mañana a la reunión a la que fue citado por Pulgar Vidal, porque participará en el entierro de los dos mineros y un indígena fallecidos en los incidentes.
Seis heridos graves, entre los que está un policía que ha perdido un ojo, fueron trasladados a Lima para ser atendidos en hospitales de la capital peruana.
Durante la jornada varios integrantes del gabinete se han pronunciado sobre los violentos desórdenes en Puerto Maldonado, pero hasta el momento no ha habido ninguna declaración del jefe de Estado.
Su esposa Nadine, a quien los analistas adjudican un creciente poder en el Gobierno, sí se manifestó: "no hay paso atrás. El Perú se une contra minería ilegal que destruye y empobrece", escribió en su cuenta de la red social Tweeter.
El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, declaró que en Madre de Dios está instalado el "crimen organizado", a través de "barones del oro que en la última movilización uniformó a todos los mineros y les pagó un salario diario".
Puerto Maldonado se mantiene en calma hoy, según constató Efe y las actividades comerciales fueron restableciéndose con el paso de las horas, aunque las clases escolares siguen paralizadas.
La minería ilegal pasa a ser un delito en Perú a partir de mañana
La minería ilegal en Perú, hasta ahora una falta administrativa, se convierte en un delito punible con penas de cárcel a partir de mañana, viernes, cuando entra en vigor el decreto que ha generado violentas protestas en la región de Madre de Dios.
El decreto 1102 contempla el castigo a actividades como la exploración, extracción, explotación u otros actos similares de recursos minerales que no tengan las autorizaciones correspondientes ni un informe técnico favorable del Ministerio de Energía y Minas.
El Ejecutivo, con facultades especiales otorgadas por el Congreso para legislar sobre minería ilegal, promulgó una serie de decretos para penalizarla, apoyar mayores medidas de control y fiscalización de los productos químicos que necesita, mercurio y cianuro entre ellos, y promover el ordenamiento y el registro de la minería a pequeña escala.
En su modalidad agravada, la minería ilegal puede ser castigada hasta con 10 años de cárcel por operar en zonas no permitidas o en áreas naturales protegidas, por utilizar dragas y por afectar sistemas de agua destinados al consumo humano, entre otras circunstancias.
Los funcionarios públicos que autoricen de forma indebida actividades mineras también podrán ser privados de su libertad hasta por seis años.
También se autoriza el decomiso, destrucción de maquinaria, equipos e insumos químicos utilizados en las actividades ilegales.
Miles de mineros ilegales se han movilizado desde la semana pasada para pedir la anulación de los decretos que, según ellos los criminaliza y afecta su derecho al trabajo, aunque han reconocido que contaminan el ecosistema.
A esta protesta, especialmente intensa en la región selvática de Madre de Dios, se han sumado mineros ilegales de Piura, La Libertad, Puno y Apurímac.
En las manifestaciones del miércoles, fallecieron tres personas en la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, durante los enfrentamientos con la policía.
Las protestas se han suspendido y se está a la espera de que se abra un diálogo entre los manifestantes y las autoridades.
En Madre de Dios se vive una "fiebre del oro" que ha hecho que miles de mineros busquen el metal en sus ríos y afluentes, y que en el proceso erosionen la selva y viertan al agua mercurio y cianuro, según registran fotografías aéreas, análisis de universidades, ONGs internacionales e instituciones peruanas.
En un acta, firmada el pasado 28 de febrero entre representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno regional de Madre de Dios, se estableció un plazo de 12 meses para aplicar un plan de formalización de la minería en la zona.
