La polémica desatada en Uruguay por la intención del presidente electo José Mujica de pagar su ceremonia de investidura con aportes económicos de empresas quedó zanjada tras un acuerdo en el que la parte oficial de los festejos será asumida por el Estado y la artística por privados, informó hoy la prensa local.
Este acuerdo fue aceptado por Mujica tras dialogar con el presidente Tabaré Vázquez, quien se encuentra en Cancún participando de la Cumbre del Grupo de Río, y quien informó que la parte protocolar y oficial de la ceremonia ya estaba presupuestada y contaba con una asignación oficial.
Así, solo las actividades extraoficiales, los conciertos y las muestras artísticas previstas para ese día serán financiadas por los empresarios privados que quieran hacer aportes.
La idea de Mujica de pedir a un grupo de grandes empresas que aporten 15.000 dólares cada una para los gastos de la asunción y dedicar el dinero del Estado equivalente a financiar viviendas públicas generó en los últimos días importantes choques entre el mandatario electo y varios dirigentes sindicales del país.
Esta medida, considerada por el propio Mujica como un ejemplo de la austeridad que quiere aplicar al gobierno, fue vista por algunos dirigentes sindicales y por varios representantes del Frente Amplio, partido de Mujica, como un intento de "privatizar" una fiesta que pertenece al pueblo uruguayo.
Uno de los líderes del PIT-CNT, la principal central sindical de Uruguay, Richard Read, consideró en declaraciones a Efe que "del punto de vista republicano, el cambio de mando, en cualquier país del mundo, es un acto constitucional e institucional; el que asume no es el presidente del Frente Amplio sino de todos los uruguayos".
En ese sentido, Read afirmó que el acto debe ser costeado en su totalidad por el Estado "de acuerdo a su bolsillo". En caso de que no haya fondos, se debe hacer "una fiesta austera".
Estas críticas provocaron una airada respuesta de Mujica, que consideró que "un presidente no se vende por 15.000 dólares atorrantes".
Mujica, un ex guerrillero de origen humilde que estuvo preso 13 años por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, ya anunció que renunciará a casi el 85 por ciento de su sueldo como presidente y pidió a sus colaboradores y ministros que usen vehículos "económicos, como los que usa la clase media, los uruguayos comunes y corrientes" para ofrecer una imagen de austeridad.
