Las familias de los doce fallecidos, la mayoría jóvenes latinoamericanos, atropellados hace un año por un tren en una estación cercana a Barcelona (noreste español) esperan una reactivación de la investigación judicial que aclare si hubo fallos de seguridad.
El accidente se produjo en la "Noche de San Juan" del año pasado, la del 23 de junio, cuando varias personas que iban a una verbena en la playa cruzaron las vías sin utilizar los pasos subterráneos existentes y fueron arrolladas por un tren Alaris que pasaba a gran velocidad.
En el accidente, que conmocionó al país, murieron siete ecuatorianos, dos colombianos, dos bolivianos y un rumano, con edades comprendidas entre los 17 y los 39 años.
Los familiares de los fallecidos, que ejercen la acusación particular en la investigación judicial abierta, mantienen que el suceso no fue sólo causado por una imprudencia, sino que hubo también fallos de seguridad en la propia estación.
Por ello, esperan que la nueva titular del juzgado que instruye el caso dé un nuevo impulso a las pesquisas para determinar si en la estación de Castelldefels había un "riesgo evidente" de atropello.
De demostrarse deficiencias en la seguridad de la estación, las familias de los fallecidos y heridos en el atropello mortal podrían exigir las correspondientes indemnizaciones a las empresas responsables de las instalaciones ferroviarias.
"A un año vista, hemos de empezar a discutir de otra manera", dijo a Efe el abogado de la acusación particular, Andreu Van Den Eynde.
En su opinión, el accidente no sólo era previsible, por la falta de personal y la confusión en los elementos de evacuación de la estación, sino además fácilmente evitable, con un simple vigilante que disuadiera a los pasajeros de cruzar las vías.
El anterior titular del juzgado encargado del caso archivó al cabo de un mes la causa por considerar que el accidente se debió a una actitud "imprudente y temeraria de las víctimas", pero en enero pasado la Audiencia de Barcelona lo reabrió para dar oportunidad a todas las partes a solicitar las diligencias que crean oportunas.
La nueva juez tiene ahora sobre la mesa dos informes periciales, uno del Ministerio español de Fomento y otro de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe), recibido hace unos días, que coinciden en culpar del accidente a la invasión de las vías por parte de las víctimas.
El primero, además, recomienda la instalación de muros entre las vías a efectos disuasorios.
En julio próximo está prevista la declaración de doce testigos del accidente a propuesta de la acusación particular, entre ellos el maquinista del tren que arrolló a los pasajeros, cuya imputación fue solicitada por las familias de los fallecidos.
También testificarán dos policías locales, un vecino y dos pasajeros.
Mientras tanto, un inédito dispositivo de vigilancia custodiará mañana, cuando se cumple el primer año del trágico atropello, la estación de Castelldefels.
El cónsul de Ecuador en Barcelona, Freddy Arellano, y representantes de la comunidad latinoamericana recordarán el próximo viernes a las víctimas del accidente en los andenes donde ocurrió la tragedia, en una estación donde, en el año transcurrido desde el atropello, nunca ha faltado algún ramo de flores.
Para evitar que pueda repetirse otro dramático accidente en la noche de San Juan, en que son habituales las fiestas espontáneas en la playa además de las verbenas organizadas oficialmente, se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad integrado por cerca de 40 agentes y vigilantes de Renfe.
Los efectivos policiales movilizados son similares a los que estaban previstos el año pasado en Castelldefels, con la diferencia de que mañana por la noche se encargarán también de conducir a los pasajeros que lleguen en los trenes hacia el paso subterráneo que conduce a la salida hacia la playa.
El dispositivo especial tratará de impedir que los pasajeros que lleguen en el tren crucen las vías para evitar colas y llegar antes a la playa, como sucedió la noche de San Juan de 2010, sin que en la estación hubiera vigilantes que impidieran esa conducta imprudente, según la versión que mantienen los afectados.
