Un capitán de navío es el primer militar enviado a prisión en el marco de una investigación por un supuesto fraude millonario en la Armada uruguaya que derivó en la destitución de cuatro oficiales, informaron hoy fuentes judiciales y los medios de comunicación.
La decisión fue tomada por la jueza uruguaya especializada en el crimen organizado Graciela Gatti, encargada de la investigación, como medida preventiva mientras es procesado, informó este lunes el diario El País.
Fuentes judiciales confirmaron a Efe el procesamiento pero dijeron desconocer por el momento más detalles del caso.
Según la publicación, el encausado, el capitán de navío Álvaro Bacqué, es acusado de haber retirado de forma fraudulenta entre abril y mayo de este año vales de compra de combustible por valor de 7,5 millones de pesos uruguayos (370.000 dólares).
Bacqué, que trabajaba en el área contable del Ministerio de Defensa Nacional, había sido separado de su cargo la semana pasada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla.
Además del oficial de la Armada, un oficial de la policía que se desempeñaba como jefe de operaciones de la Dirección General de Información e Inteligencia de ese cuerpo también fue procesado por Gatti, aunque en su caso no fue remitido a prisión, indicó, por su parte, el diario El Observador.
La investigación en la Armada surgió a raíz de que el pasado 20 de julio Rosadilla anunciara la separación del cargo de cuatro oficiales, uno de ellos el agregado militar de Uruguay en Brasil, tras detectar un millonario fraude en la institución.
Como parte del proceso, Gatti investiga la existencia de una red de compras falsas de material en la Armada, la malversación de fondos de Naciones Unidas destinados a pagar las misiones de paz y una cuenta secreta con dinero público en Alemania fuera de los controles oficiales.
El desvío de fondos abarca el período 2006-2009 y podría ascender a entre tres y cinco millones de dólares.
En un principio la Justicia investigó la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para ensayar motores, por los que el Estado habría pagado en 2008 un total de 600.000 dólares, pero que nunca aparecieron en ninguna dependencia de la Armada.
La denuncia del caso llegó a la fiscalía de forma anónima y las primeras investigaciones apuntan a que las irregularidades se realizaron de manera sistemática en la Armada durante varios años.
Gatti también ha ordenado interrogar a cerca de 40 empresarios proveedores de la Armada para establecer si existe una red de compras "fantasma" en la fuerza.
