Un estudio de un organismo no gubernamental (ONG) sobre las tendencias del Gobierno de Daniel Ortega pronostica "autoritarismo semi-incluyente" en rápido tránsito a un "autoritarismo cerrado" en Nicaragua.
El trabajo presentado hoy lo realizó José Luis Velásquez, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con un doctorado en ciencias políticas y una maestría en gobierno, por encargo del no gubernamental Movimiento por Nicaragua (MxN).
En declaraciones a Efe, Velásquez señaló que Nicaragua ha avanzado por un lado con el mantenimiento de una macroeconomía completamente fondo monetarista y ortodoxa y con un incremento grande del gasto público para combatir la pobreza.
Pero, por otro lado, este gasto público en pobreza, dada la estructura deficitaria a que ha estado sometida la economía desde 1977 hasta ahora, por causas de conflictos políticos y desastres naturales, no es sostenible, apuntó.
Ello es así, acotó, porque hay una crisis internacional que está afectando todas las fuentes que financiaban la brecha externa del país.
"Esto le permite al Gobierno tener una cierta inclusión exclusiva de ciertos sectores de clientela política del gobierno dentro del esquema, pero una vez que se terminen estas cuestiones" el Estado retrocederá "a repartir pobreza nuevamente y a excluir a la clase media", señaló Velásquez.
El analista, quien fue secretario del Consejo Nacional de Planificación Social (Conpes), señala que también hay una crisis de gobernabilidad y que los derechos de hacer oposición han sido afectados profundamente porque se rompió el contrato social, que era el sustento de la transición a la democracia, que se inauguró en 1990 con el gobierno de Violeta Chamorro.
Recordó que ese contrato social se rompió con el "pacto", acuerdo secreto logrado por el ex presidente Arnoldo Alemán y el ahora presidente Daniel Ortega en 1999, que permite una repartición de altos cargos en los poderes e instituciones del Estado.
Velásquez anotó que después se ha producido un proceso de desinstitucionalización del país, el fenómeno de los caudillos (Ortega y Alemán), destrucción de la sociedad civil y la reducción de la competencia electoral con la cancelación de la personalidad jurídica al Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y al Partido Conservador.
Además, señala, ha habido persecución a los dirigentes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, así como intentos de desinstitucionalizar a la policía "con reorganizaciones arbitrarias" y de cooptar al Ejército "dentro de un esquema de poder".
Velásquez también señaló la falta de transparencia y que ha ido en aumento la corrupción, "todo lo cual provoca una reducción sustantiva de los derechos de hacer oposición".
"Todo esto, añadió, hace situar al Gobierno dentro de un ámbito de autoritarismo semi-incluyente y en rápido transito de convertirse en un autoritarismo cerrado, porque este gasto público que sostiene esta inclusión parcial no es sostenido", dijo.
Según el autor del estudio, el Gobierno de Ortega se replegará en el corto y mediano plazo hacia formas más radicales de autoritarismo, sostuvo Velásquez, quien también es catedrático de la universidad Tomas Moro de Managua.
