Un fiscal de Bolivia aseguró hoy que otro ex ministro del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país para evitar declarar por el caso de la represión militar que provocó más de 60 muertes en 2003, conocido como "octubre negro".
El fiscal Milton Mendoza, encargado del caso, dijo a Efe que se trata del entonces ministro de Finanzas Dante Pino, quien tenía orden de arraigo y que, no obstante, salió del país el 26 de agosto rumbo a la ciudad chilena de Arica con conexiones a otros destinos, según un informe de la Dirección Nacional de Migración.
Mendoza desconoce si Pino está en Chile o en otro país pero tanto la Fiscalía como la defensa de las víctimas de la represión de octubre de 2003 sospechan que habría huido al Perú, donde los ex ministros Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia están asilados desde mayo.
La defensa de Pino presentó el 31 de agosto una recusación contra todos los miembros del Tribunal de Sentencia, acusándolos de parcialidad, por lo que el juicio de responsabilidades contra las 17 ex autoridades acusadas por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio", quedó paralizado.
"Sabemos que él (Pino) está fuera del país y que ha utilizado información falsa para recusar al Tribunal, imaginamos que (lo hizo) para ganar tiempo y evitar su declaración", señaló Mendoza.
Medios locales publicaron hoy que el abogado defensor e hijo del ex ministro de Finanzas, Sergio Pino, negó que su padre haya huido, aunque no se presentará a declarar en tanto se mantenga al actual tribunal y no existan garantías "para un debido proceso".
El Gobierno y la defensa de las víctimas de la represión responsabilizaron a la Corte Suprema por la presunta huida de Pino, alegando que los magistrados no emitieron una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, la Corte aclaró en un comunicado emitido hoy que no es atribución suya hacer cumplir el arraigo de los ex ministros de Sánchez de Lozada.
El fiscal Mendoza intentará mañana restablecer competencias al Tribunal asignado al caso para que el proceso continúe y, posteriormente, pedirá "la declaratoria en rebeldía" de Pino para que pueda ser capturado con un mandamiento de aprehensión.
La Corte Suprema aprobó la semana pasada una resolución para solicitar a la justicia peruana la detención y extradición de los tres ex ministros asilados en ese país, quienes también han sido declarados "en rebeldía" por no haberse presentado a la audiencia para iniciar el juicio.
Las protestas de octubre de 2003 causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien vive en Estados Unidos desde entonces, es juzgado en ausencia por "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación local.
