Howard Berman, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara baja de Estados Unidos, pidió hoy al Gobierno que determine formalmente que hubo un "golpe militar" en Honduras y elimine casi toda la ayuda.
Berman, que es demócrata, afirmó en un artículo de opinión que la determinación es necesaria porque "cada día que pasa da a (Roberto) Micheletti y sus aliados la oportunidad de fortalecer su control ilegítimo de las riendas del poder", en referencia al presidente del Gobierno de facto de Honduras.
"Si los abogados del departamento de Estado no concluyen que se trató de un golpe (militar), el Congreso debería estudiar formas para influir directamente en el flujo de ayuda", afirmó Berman en el diario Los Ángeles Times.
El departamento de Estado evitó hoy pronunciarse sobre si el derrocamiento de Manuel Zelaya el 28 de junio pasado fue un "golpe militar", pese a que fueron soldados los que acudieron a su casa y lo llevaron a la fuerza a un avión que lo sacó del país.
Ian Kelly, un portavoz, dijo que en la expulsión de Zelaya participaron "tanto los poderes legislativos y judiciales como las fuerzas armadas", aunque en todo caso se refirió a los hechos como un "golpe de estado".
La ley estadounidense requiere la suspensión de toda la ayuda externa, con excepción de la asistencia humanitaria y la vinculada a la promoción de la democracia, si "un jefe de Gobierno elegido democráticamente es depuesto en un golpe militar".
"No importa lo que pensemos de Zelaya (y yo no tengo una opinión muy buena de él) y de sus acciones para cambiar la Constitución hondureña, es un hecho que ganó su mandato para gobernar en unas elecciones totalmente transparentes", dijo Berman.
"Deberíamos ejercer nuestra influencia retirando toda la ayuda excepto la más necesaria", añadió.
P.J. Crowley, secretario de estado adjunto del Departamento de Estado, anunció hoy la retirada definitiva de 30 millones de dólares en ayudas al Gobierno de Honduras.
Aclaró, sin embargo, que se mantendrán programas de asistencia que no son canalizados a través del Gobierno, sino que benefician directamente a los hondureños, como proyectos alimenticios, sobre sida y vinculados a desastres naturales.