Naciones Unidas y la comunidad internacional deben adoptar políticas más comprometidas para cortar el acceso de los grupos armados a los recursos naturales con que financian sus acciones, recomienda un informe divulgado hoy.
El estudio de la ONG Global Witness afirma que la ausencia de una actuación internacional coherente y decisiva se traduce en vidas humanas perdidas en lugares como la República Democrática del Congo (RDC), Costa de Marfil o Guinea.
"La comunidad internacional ha sido prácticamente incapaz de tomar acciones sobre este asunto, pese a que hay pruebas conocidas del papel central que desempeñan los recursos naturales a la hora de alimentar y sostener conflictos en países como Angola o Sierra Leona", dijo en un comunicado un portavoz de Global Witness, Mike Davis, con motivo de la presentación del informe en Nueva York.
Agregó que en la toma de decisiones sobre estos conflictos se da más prioridad a asuntos étnicos, políticos o geográficos, en detrimento de los factores económicos.
El estudio considera que las misiones de paz de Naciones Unidas no han prestado suficiente atención al ángulo económico de los conflictos, mientras que los países que integran la organización han evitado adoptar sanciones que impidan el acceso de los grupos armados a los recursos que financian sus acciones.
"Cuando el Consejo de Seguridad adopta resoluciones con sanciones precisas, los mismos miembros de este órgano y otros gobiernos no las implementan", destaca el documento.
Por ello recomienda a la organización internacional la adopción de medidas en el ámbito de las sanciones, operaciones de paz y construcción de la paz, con el fin de desbaratar las actividades comerciales que alimentan los conflictos.
En concreto, solicita mecanismos que den un mejor seguimiento del cumplimiento que se da de los regímenes de sanciones, así como de las medidas adoptadas por el sector privado para evitar comercializar productos cuestionables.
También subraya la importancia de presionar al sector privado para cerrar los canales por los que se comercian minerales, madera y otros productos explotados por los grupos armados.
"Los gobiernos nacionales no supervisan el comportamiento de sus empresas, ni les piden responsabilidades por sus acciones", asevera el documento.
Sus autores recalcan que el acceso de los combatientes a los recursos naturales no es sólo uno de los problemas asociados a los conflictos armados, sino que son una parte crucial de la solución.
