El líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, defendió hoy a los congresistas de su partido a los que un informe sobre los sucesos de Bagua, que dejó más de 30 muertos en junio pasado, acusa de haber azuzado a los indígenas amazónicos de dicha región.
Según los avances del reporte de la comisión investigadora de los hechos violentos en Bagua que fueron presentados ayer, "los congresistas nacionalistas azuzaron los ánimos violentistas" de los indios, lo que derivó en un estallido de violencia en junio pasado cuando la policía intentó desalojar una carretera tomada por los manifestantes.
Humala contestó a estas acusaciones hoy en una rueda de prensa, en la que respaldó a los cinco congresistas nacionalistas mencionados en el informe, quienes, señaló, "no fueron a azuzar, sino a informar" a los indígenas en torno a los decretos legislativos que les quitarían la propiedad de sus tierras no cultivadas.
De este modo, el líder opositor peruano negó que miembros de su bancada hayan manipulado a la población y calificó el informe que ayer fue parcialmente presentado ante la Presidencia del Consejo de Ministros como falto de verdad.
Según Humala, dicho documento debería establecer responsabilidades políticas a nivel del poder Ejecutivo, en particular los ex ministros de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, y del Interior, Mercedes Cabanillas.
"El informe busca limpiar la cara a algunos", resumió el político del país suramericano.
En respuesta a estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, afirmó hoy que el Gobierno sí ha asumido los errores cometidos hacia las comunidades indígenas.
"Las normas (aprobadas en el Congreso) de ninguna manera pretendían quitarle propiedad a las comunidades indígenas. (El informe) también hace señalamientos al Poder Ejecutivo y lo recibimos cono una autocrítica, hicimos un reconocimiento de que cometimos errores", afirmó.
Tras varias semanas de paros y cortes de carretera realizados por los indígenas en protesta por una serie de leyes y decretos que consideraban que vulneraban sus derechos, el operativo policial para desbloquear la zona de carretera conocida como Curva del Diablo, el 5 de junio, desembocó en duros enfrentamientos entre agentes y nativos.
Como consecuencia, un total de 10 indios y 23 policías resultaron muertos, cifra a la que se debe sumar otro efectivo policial que hasta el momento se encuentra desaparecido.
La fecha límite para presentar el informe sobre estos hechos violentos venció el pasado fin de semana.
Sin embargo, la negativa de dos de los integrantes de la comisión, la religiosa Mari Carmen Gómez y el líder indígena Jesús Manasés, a firmarlo obligó a postergar su presentación definitiva.
Como consecuencia, el Ejecutivo peruano dio un nuevo plazo, hasta el 12 de enero, para que la comisión investigadora se reúna con otras cuatro mesas de diálogo sobre la problemática indígena para debatir su informe final.
