Una persona muerta y otras veinte heridas dejó hoy un enfrentamiento entre agentes de la Policía peruana y manifestantes que se oponen a la ampliación del penal La Cantera, se en la provincia de Cañete, a unos 150 kilómetros al sur de Lima.
Pierre Eduardo Gonzáles Arias, de 24 años, murió tras recibir al parecer un disparo de arma de fuego, según declaró a la emisora Radio Programas el director del hospital de la zona, Raúl Castañeda Marín.
Cientos de personas se enfrentaron hoy a la policía, en medio de una protesta contra la ampliación del penal La Cantera, de Cañete.
En los enfrentamientos, producidos a la altura del intercambio vial del balneario de Cerro Azul, resultaron heridas unas veinte personas, entre civiles y policías, según los reportes desde la zona.
La Policía logró despejar poco después la carretera Panamericana Sur con el apoyo de un helicóptero, que arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Los pobladores afirman que el penal La Cantera reúne a unos 3.000 presos, pero no cuenta con agua potable ni desagüe, a pesar de lo cual el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha decidido ampliarlo para recluir a más personas.
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, aseguró, sin embargo, que el Inpe se ha comprometido a no edificar un nuevo penal ni aumentar la población carcelaria en la provincia y aclaró que solo se ha dispuesto la construcción de dos pabellones y talleres de capacitación en la cárcel.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia señaló, posteriormente, que "lamenta la pérdida de una vida humana, los hechos de violencia y (los) desmanes producidos" en Cañete.
Aseguró que las obras proyectadas en el penal "tienen por finalidad atender los problemas de seguridad y hacinamiento" y remarcó que el trabajo "no se iniciará hasta que la población (de Cañete) conozca plenamente los alcances y la necesidad de dicha obra".
"De esta manera, cualquier decisión sobre las obras quedará sujeta al proceso de diálogo con las autoridades y dirigentes de la población", anunció.
El ministerio remarcó, sin embargo, que mientras persistan los actos de violencia "no existen las condiciones que permitan el diálogo" y que, por ese motivo, ha solicitado a la Defensoría del Pueblo "que interponga sus buenos oficios para restablecer los canales de comunicación y retorne la paz social" en esa provincia.
