Un nuevo informe sobre los violentos sucesos del 5 de junio pasado en la provincia selvática de Bagua, entregado hoy al Ejecutivo peruano, criticó la falta la institucionalización del diálogo con los indígenas, lo que puede contribuir a que se active "un nuevo ciclo de protestas".
La comisión especial nombrada por el Gobierno para investigar los hechos de Bagua, que se saldaron con la muerte de 24 policías y 10 civiles, presentó sus conclusiones en diciembre pasado; pero su presidente, Jesús Manacés, y una de sus integrantes, Carmen Gómez, se negaron a firmarlo y decidieron elaborar conjuntamente un "informe en minoría", que fue presentado hoy.
En rueda de prensa, Manacés, líder de la etnia awajún, dijo que ya ha transcurrido casi un año de los hechos y aún no se abren "espacios para el diálogo" con los indígenas, tras alertar de que persiste la "brecha de desconfianza entre el Estado y los pueblos indígenas".
El informe enfatiza que no se han seguido ni implementado las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas ni las que fueron planteadas por las cuatro mesas de trabajo instaladas por el Gobierno, a pesar de que han transcurrido 90 días de la presentación oficial de sus resultados.
Tampoco "se ha terminado de derogar los decretos legislativos que contravienen la Constitución y fueron desencadenantes de la protesta", ni se ha terminado de debatir la ley de consulta, señala el informe entre sus observaciones.
Las comunidades indígenas protestaban contra varios decretos aprobados para adecuar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, por considerar que vulneraban su derecho a ser consultados sobre el uso de sus tierras ancestrales, tal y como está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que se adhirió Perú.
Por su lado, el director general de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Pablo Rojas, dijo a Efe que la importancia de este informe radica en que busca esclarecer la verdad para abrir un camino hacia la reconciliación y enfatiza que "es absolutamente imperativo que el Estado retome el diálogo con los indígenas y lo institucionalice".
Rojas acotó que este informe será entregado al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El documento hace especial énfasis en explicar que las causas del conflicto son estructurales, vinculadas a las iniciativas gubernamentales para modificar el régimen de la propiedad de la tierra y a la política para otorgar concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas sin previa consulta.
También añade que "es claro que existen responsabilidades en los altos mandos a cargo del operativo (del pasado 5 de junio), pero no puede negarse la grave responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades a cargo del sector Interior y de Defensa".
Las protestas llegaron a su culmen cuando la policía despejó en Bagua una carretera tomada por los indígenas, operativo en el que murieron 12 agentes de la policía (el cuerpo de uno de ellos aún no ha aparecido) y 10 civiles.
Horas después, un grupo de nativos que había tomado una estación petrolera en la localidad cercana de Imaza, mató a 12 policías en aparente represalia.
Este informe discrepa con el de la comisión oficial en varias cuestiones, como cuando afirma que los indígenas sí estaban identificados con las demandas de la protesta y que la policía no usó armas letales solo en defensa propia.
Según el documento, los disparos con fusil por parte de la policía creó un "escenario de guerra", que motivó una respuesta violenta por parte de los indígenas.
La comisionada Gómez condenó los hechos en Imaza y pidió que se individualicen los casos judiciales.
El texto también pide que se investigue la aparente muerte de un policía que iba a bordo de un helicóptero durante el despeje de la carretera y "cuya muerte no registran los informes policiales", así como si hubo un francotirador que disparó desde el helicóptero contra la población civil con un fusil.
