El izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó hoy una petición formal para que la Cámara Legislativa del Distrito Federal inicie un juicio político con fines de destitución del gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, protagonista de un sonado escándalo de corrupción.
El PSOL se convirtió en la primera formación política en exigir que el Poder Legislativo despoje de su mandato como gobernador a Arruda, a quien la policía ya investiga por corrupción y es incriminado por imágenes de una cámara oculta que lo muestran recibiendo un grueso fajo de dinero de procedencia al parecer ilegal.
Pese a que varios partidos políticos ya anunciaron su salida de la coalición oficialista que apoya al gobernador de Brasilia, hasta ahora ninguno había solicitado formalmente la apertura de un juicio para apartarlo del cargo.
La Cámara Legislativa, sin embargo, ya había recibido dos solicitudes en ese sentido de abogados independientes y hoy también recibió otra de un grupo de pastores evangélicos.
Arruda es el principal blanco en una investigación policial contra la red acusada de promover fraudes en contratos públicos de la gobernación de Brasilia para repartir recursos entre los diputados que apoyan al gobernador.
Según las investigaciones de la Policía Federal, la red recogía mensualmente cerca de 600.000 reales (unos 348.837 dólares) de empresas favorecidas con contratos públicos para repartir entre diferentes autoridades.
El escándalo ha ganado inmensa repercusión en el país debido a la divulgación de diferentes vídeos de cámaras ocultas en que no solo el gobernador, sino también altos funcionarios y diputados de la Cámara Legislativa aparecen recibiendo dinero producto, presuntamente, de coimas de quienes se beneficiaban de contratos con la administración.
Las imágenes muestran desde diputados que se guardan el dinero en sus calcetines o en las ropas íntimas hasta otros que rezan para agradecer por los beneficios recibidos.
En su petición a la Cámara Legislativa, el PSOL solicita no solo un juicio político contra el gobernador sino también contra el vicegobernador, Paulo Otavio, acusado igualmente de beneficiarse de la red de corrupción.
La solicitud, sin embargo, tendrá que ser analizada por un legislativo en el que 16 de sus 24 integrantes son los mismos diputados que aparecen en las imágenes comprometedoras.
Inicialmente la petición será analizada por la Procuraduría del poder legislativo y, en caso de que ésta le de su visto bueno, pasará por la Comisión de Constitución y Justicia antes de llegar al pleno.
Las denuncias contra la red de corrupción partieron y fueron documentadas con cámaras por el entonces secretario de Relaciones Institucionales de Brasilia, Durval Barbosa, que aceptó colaborar con la policía a cambio de beneficios judiciales tras enterarse de que venía siendo investigado por diferentes actos de corrupción.
El gobernador ha atribuido las denuncias a una trama de sus adversarios y al interés de Barbosa de aprovechar los beneficios judiciales prometidos por la policía para librarlo de otras acusaciones.
Según el gobernador, los recursos que aparece recibiendo en las imágenes fueron destinados a la compra de tortas navideñas para los pobres.
