El Gobierno de Chile logró hoy un principio de acuerdo con las 7.000 familias afectadas por la contaminación con plomo y arsénico en 1984 que incluye un plan integral de salud y una posible evacuación de los habitantes de las poblaciones involucradas.
Los afectados recibirán tratamiento con toxicólogos y médicos especialistas de alto nivel, y también se contempla realizar un censo de los afectados, reubicar a los habitantes de las poblaciones afectadas y concederles compensaciones económicas.
Además, se realizarán nuevos estudios para determinar el nivel de contaminación del suelo, que se produjo a partir de 1984, cuando se construyeron viviendas junto a desechos tóxicos en la ciudad de Arica, a 2.051 kilómetros al norte de Santiago, en el límite con Perú.
En tanto, la ministra chilena de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, fue designada hoy como representante de los tres ministerios negociadores (Salud, Vivienda y Medio Ambiente) y será la encargada de formar una mesa de trabajo con los dirigentes de las poblaciones.
"Este acuerdo nos permitirá crear un plan integral de salud que contará con la ayuda de los especialistas más respetados del país", dijo la ministra Uriarte a la edición digital del diario El Mercurio.
La empresa chilena Promel importó en los años 80, durante la dictadura de Augusto Pinochet, desechos tóxicos de la compañía sueca Bolliden Metal, responsable también del desastre ecológico del Parque Nacional de Doñana, en España.
Cerca de 20.000 toneladas de residuos químicos se depositaron desde 1984 hasta 1986 en las afueras de tres poblaciones de Arica.
Para introducir estos desechos, Promel rotuló el producto como "barros con contenidos metálicos" y justificó la operación, que costó 2.000 dólares por tonelada a Bolliden, con el argumento de la existencia de oro y plata entre sus elementos.
A pesar del acuerdo logrado hoy, los dirigentes de las poblaciones "Los Industriales" y "Cerro Chuño" exigen la renuncia de la directora del servicio de Salud de Arica, Carolina Asela, petición que el Gobierno rechaza.
Mientras, las familias esperan reunirse este jueves en Santiago con la presidenta Michelle Bachelet y los ministros de Salud, Vivienda y Medio Ambiente para firmar el acuerdo definitivo.
