El exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, vinculado con la matanza de seis jesuitas -entre ellos cinco españoles- en El Salvador en 1989, fue declarado hoy culpable de dos cargos de perjurio y fraude migratorio por un tribunal federal en Massachusetts, informaron las autoridades.
Montano, de 69 años, fue acusado de hacer declaraciones falsas en formularios de inmigración y de cometer perjurio para de esa forma permanecer en Estados Unidos, informó la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado.
Según los documentos presentados en el tribunal, Montano recibió capacitación militar y prestó servicio en el Ejército salvadoreño entre 1979 y 1991, durante la guerra civil en ese país centroamericano.
Según las autoridades estadounidenses, Montano también fue viceministro de seguridad pública en El Salvador entre 1989 y 1992.
Varios informes divulgados a principios de la década de 1990 apuntan a una serie de violaciones de los derechos humanos a manos del Ejército salvadoreño durante la guerra civil, incluyendo tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales y desapariciones, señaló la ICE.
Esos mismos informes alegan que algunos de los abusos contra los derechos humanos fueron cometidos por soldados directamente bajo control de Montano, quien se retiró del Ejército en 1994 y poco después se estableció en el estado de Massachusetts (noreste de EEUU).
El documento presentado hoy, continuó el comunicado, también cita un informe de la llamada Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que asegura que hubo "pruebas sustanciales" de que Montano confabuló con otros oficiales del Ejército salvadoreño para emitir una orden para la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta.
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón armado dentro del campus de la Universidad Centroamericana.
Alrededor de 2002, Montano se encontraba ya en EEUU y en varias ocasiones solicitó y recibió Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de Washington a indocumentados que no pueden regresar a su país debido a un conflicto civil o desastre natural.
Pero en el formulario del Departamento de Seguridad Nacional para recibir TPS, los extranjeros deben revelar si alguna vez recibieron capacitación militar o prestaron servicio en un Ejército.
Aquellos extranjeros que hayan ordenado, incitado, asistido o de alguna otra forma participado en la persecución de personas en base a su raza, religión, nacionalidad, adhesión a un grupo social u opiniones políticas "no son elegibles para el TPS", explicó la Oficina.
Según las autoridades, Montano solicitó el TPS en 2008 y en el formulario "falsamente negó" haber pertenecido o haber participado de cualquier forma en una unidad militar, paramilitar o policial.
También negó haber pertenecido o participado "en un grupo, unidad u organización de ningún tipo en la que se haya utilizado algún arma contra cualquier persona, o se haya amenazado con usarla".
Además negó "haber recibido cualquier tipo de capacitación militar, paramilitar o para el uso de armas", señaló ICE.
Montano afronta una pena máxima de cinco años en prisión y una multa de 250.000 dólares por cada uno de los cargos.
La ICE dijo que desde el año fiscal 2004, la agencia ha arrestado a más de 200 personas por violaciones relacionadas con los derechos humanos bajo distintos estatutos criminales o migratorios, además de que ha deportado a más de 400 extranjeros vinculados con abusos contra los derechos humanos.
