Un tribunal paraguayo dictará mañana sentencia contra el sacerdote español José Antonio Rubio, condenado en 2007 a cinco años y medio de cárcel por estafa, esta vez por la "sobrefacturación" de fondos de un programa social financiado por la Unión Europea (UE).
El tribunal, integrado por los jueces Víctor Medina, Blanca Gorostiaga y Elsa García, deberá determinar sobre la presunta "sobrefacturación" de 137.000 dólares en la construcción, en 2004, de nueve pozos pilotos en el marco de un proyecto a cargo de Rubio que fue financiado por la UE.
La sentencia, que debía ser conocida hoy y que será divulgada mañana, también incluirá la determinación sobre la presunta responsabilidad en esos ilícitos de Sócrates Garcete, asistente del sacerdote, para quienes la fiscal de la causa, Victoria Acuña, pidió una condena de 5 años de prisión por estafa y lesión de confianza.
Acuña también solicitó una pena de cuatro años de cárcel para el ingeniero Jorge Marín, ejecutor de las obras en cuestión, y de dos años y seis meses para las arquitectas Eliza Vera, Mirna Ayala y Rocío Mendoza, estos últimos como presuntos cómplices de estafa.
Rubio, quien reside en el país desde hace 25 años y sostiene que fue engañado por sus colaboradores, es sometido a juicio desde el pasado 26 de septiembre, y actualmente cumple una condena derivada de otro juicio en prisión domiciliar en la sede de la comunidad salesiana.
En su alegato final, el sacerdote, conocido en Paraguay por sus proyectos de vivienda populares, se declaró de nuevo inocente y reiteró que regresó voluntariamente de España para someterse a los procesos abiertos en su contra.
"En estos tres años y medio que aproximadamente llevo en el Salesianito no he salido, ni me ha pasado por la cabeza poner un pie afuera. Nunca he tenido un policía que haya estado vigilando si salía o entraba", destacó Rubio.
El sacerdote, de 62 años, fue declarado culpable por el desvío, en 2004, de 14.000 millones de guaraníes (2,3 millones de dólares al cambio de esa época) de un fondo de 3,2 millones de dólares, también financiado por la UE para la construcción de 50 pozos de agua potable en localidades rurales.
Una cámara de apelación, integrada por los jueces Tomás Cárdenas, Gustavo Ocampos y Natividad Meza, ratificó el 6 de mayo pasado la condena de cinco años y seis meses de prisión dictada en agosto del 2007 contra Rubio.
La Cámara de Apelación también reiteró en esa ocasión la condena a cinco años y medio de cárcel para los paraguayos Sócrates Garcete, codirector del proyecto de potabilización de agua en comunidades pobres, denominado Ysacá, y de Rubén Ramírez Cataldo, quien recibió una condena de cuatro años y seis meses como cómplice de ambos.
