Un tribunal decidió reabrir un proceso civil contra siete acusados de haber participado en el arresto, las torturas y la muerte del obrero Manoel Fiel Filho, cuyo caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura brasileña (1964-1985).
La reapertura del proceso fue decidida el lunes en forma unánime por los miembros de la sala quinta del Tribunal Regional Federal del estado de Sao Paulo y afecta a siete funcionarios públicos, algunos ya jubilados, informaron hoy fuentes judiciales.
Los magistrados anularon una decisión anterior de un juez federal de primera instancia, que archivó el caso prácticamente sin haberlo estudiado, y determinaron la reapertura del proceso entablado en marzo de este año por el Ministerio Público Federal.
Los fiscales exigen que los siete funcionarios públicos acusados sean condenados a pagar los gastos por 483.000 reales (unos 268.333 dólares) que asumió el Estado con el pago de indemnizaciones a los familiares del obrero.
Igualmente exigen que los funcionarios sean declarados civilmente responsables por las torturas y la muerte de Fiel Filho y que pierdan el derecho a las jubilaciones que reciben del Estado.
Fiel Filho, que trabajaba como obrero metalúrgico, fue arrestado el 16 de enero de 1976 por miembros del extinto Destacamento de Operaciones de Informaciones del Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI), una de las agencias de inteligencia del Ejército, acusado de simpatizar con el Partido Comunista de Brasil.
El metalúrgico fue detenido en la fábrica en la que trabajaba en la ciudad de Sao Paulo y conducido a las celdas del DOI-CODI, en donde murió un día después víctima de las torturas que recibió.
En la época, pese a las denuncias de testigos de las torturas, un comunicado del Ejército informó que el obrero se había suicidado con sus calcetines.
Las denuncias de líderes religiosos y políticos sobre las torturas y las presiones de la prensa provocaron la destitución del entonces comandante del Ejército en el estado de Sao Paulo, general Ednardo d'Avila Melo, tres días después de la muerte del obrero.
El caso se hizo emblemático debido a que la víctima era un metalúrgico completamente ajeno a la resistencia de la oposición a la dictadura y a que permitió que la prensa informara abiertamente sobre las torturas practicadas en las celdas de los organismos militares.
Los familiares de Fiel Filho iniciaron varios procesos que permitieron establecer que el arresto del obrero había sido ilegal, que el operario había sufrido torturas y que la versión del suicidio había sido forjada por los responsables de su muerte.
El proceso civil propuesto por el Ministerio Público contra los acusados de la prisión y la muerte del metalúrgico había sido archivado inicialmente por el juzgado undécimo federal de Sao Paulo.
El tribunal aceptó los alegatos de los fiscales de que el proceso fue archivado "con una velocidad impresionante" y que merecía un mejor análisis.
