Un Tribunal de Sentencia en El Salvador declaró nulo, por un tecnicismo, un proceso contra tres ingenieros de una planta de baterías que fue cerrada en 2007 después de detectarse que contaminó con plomo una zona de la capital donde viven unas 4.000 personas, informaron hoy fuentes judiciales.
Un portavoz de los juzgados de San Salvador dijo a Efe que los jueces decidieron anular el juicio, luego de que uno de los abogados defensores alegó la figura de "excepción", al indicar que la Fiscalía decidió procesarlos sin que antes el Ministerio del Medio Ambiente los hubiera sancionado administrativamente.
La decisión anuló todas las diligencias de los últimos tres años, así como la vista pública contra Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito por los presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión, que se instaló el pasado lunes en la ciudad de Santa Tecla, al noroeste de la capital.
El fiscal Julio Arriaza, director de intereses de la sociedad, aseguró en San Salvador a periodistas, tras conocer el fallo, que está "totalmente inconforme" con la resolución.
"Los jueces se han pronunciado por una nulidad total-parcial. No sabemos dónde se encuentra esa figura total-parcial, porque legalmente no existe. Solo hay dos tipos de nulidad: la nulidad absoluta y la nulidad relativa, al parecer es una tercera que este día ellos han creado para favorecer directamente a estas personas", sostuvo, sin precisar mayores detalles.
A tiempo de indicar que esa medida "tiene que ser analizada total y detenidamente", anticipó que interpondrán "los recursos pertinentes para poder esclarecer si es que está apegada a derecho o no".
La fuente de los juzgados señaló que la Fiscalía tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar ante una cámara penal.
Los procesados, que se desempeñaban como ingenieros en distintas áreas dentro de la empresa Baterías de El Salvador, habían recibido "medidas sustitutivas" y se presentaban regularmente al juzgado.
Los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini están prófugos y fueron declarados rebeldes, aunque su proceso sí sigue abierto.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes.
La población sigue viviendo en el lugar.
La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).
Ese despacho indicó que en pruebas efectuadas junto a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) se detectó que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.
