El Supremo Tribunal de Brasil decidirá mañana el futuro del ex activista de izquierdas Césare Battisti, que depende de un voto que definirá si es entregado a Italia, que lo acusa de cuatro asesinatos, o permanece en el país como refugiado.
El caso, revestido de serias aristas políticas, jurídicas y hasta diplomáticas, comenzó a ser analizado por el Supremo Tribunal el pasado 9 de septiembre, fue retomado la semana pasada y hasta ahora cuatro magistrados se inclinaron por la extradición del ex activista a su país, mientras que otros cuatro la rechazaron.
La decisión abarcará también el polémico estatus de refugiado político que el Gobierno brasileño le concedió a Battisti en enero pasado, que quedará anulado en caso de aprobarse la extradición.
La solicitud de refugio fue rechazada inicialmente por el órgano oficial que decide sobre esos asuntos, pero aprobada posteriormente por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bajo la presunción de que Battisti puede ser objeto de una "persecución política" en su país.
La concesión del refugio desató una tormenta diplomática con Italia, que a modo de protesta llegó a retirar a su embajador en Brasil durante un mes.
El voto definitivo deberá ser emitido mañana por el presidente de la corte, Gilmar Mendes, quien ya ha dado a entender que, desde su óptica, Battisti debe ser extraditado y enfrentar la pena de prisión perpetua que le impuso la Justicia italiana.
En ese caso, la decisión final quedará en manos del presidente Lula, quien podrá optar entre refrendar la sentencia de la corte o acoger a Battisti, aunque ya no como refugiado político, sino como asilado en Brasil.
Lula comentó el caso durante una visita que hizo a Roma esta semana para asistir a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria de la FAO, que incluyó una reunión con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, con quien admitió que discutió el asunto, aunque declinó dar detalles.
El mandatario alegó que no podía "discutir hipótesis" cuando el caso está en manos del Supremo Tribunal, pero en declaraciones a periodistas afirmó que si la decisión de la corte "es determinante, no existen posibilidades" de que se oponga a la extradición.
Battisti, de 55 años y actualmente escritor, fue ex miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas que fue la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.
En 1993, el ex activista fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, ocurridos entre 1977 y 1979.
Al momento de ser procesado estaba en Francia, donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para entregarle a Italia.
Fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro, donde según fuentes policiales, fue detectado en una operación conjunta hecha por agentes de Brasil, Italia y Francia.
Desde entonces permanece recluido en una cárcel de Brasilia, desde la que ha clamado inocencia y se ha dicho víctima de una "persecución política" por parte del Gobierno italiano.
El pasado viernes, el senador del partido Socialista y Libertad (PSOL) José Nery, que integra un grupo de apoyo a Battisti, informó de que el ex activista ha iniciado una huelga de hambre en prisión y declaró que, si la corte se inclina finalmente por la extradición, "su vida está en manos del presidente Lula".
