Una citación judicial para que el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, declare en una causa por el escándalo de espionaje a políticos y empresarios desató hoy una nueva polémica entre la administración porteña y el Gobierno de Cristina Fernández.
Las autoridades de la Alcaldía de Buenos Aires reaccionaron indignados ante la decisión del juez federal Norberto Oyarbide de citar a Macri para que preste declaración el 28 de abril próximo como sospechoso de formar parte de una asociación ilícita que hizo escuchas telefónicas ilegales.
Las actuaciones judiciales, en las que hay dos ex policías detenidos, involucran a la Policía Metropolitana, en funciones en la capital argentina desde comienzos de año y creada por Macri, líder de la alianza conservadora Propuesta Republicana (Pro).
El magistrado Oyarbide también citó para declarar en los próximos días al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el ex ministro de Educación de la ciudad Mariano Narodowski, quien renunció en 2009 por este escándalo, y el primer jefe de la policía porteña, Jorge "Fino" Palacios, uno de los detenidos por esta causa.
"Estamos acostumbrados a que el Gobierno use algunos jueces para hacer política", afirmó el jefe del Gabinete municipal, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones a la radio.
A tono, el secretario general de la capital, Marcos Peña, consideró el llamado a indagatoria "una maniobra de complicidad" entre el Gobierno y el juez federal.
El propio Macri dijo en su defensa que "es difícil de entender la decisión de Oyarbide", pero aseguró que está "muy tranquilo" porque no tiene "nada que ver con las escuchas".
"No me voy a subir a ningún tipo de contestación difamatoria o descalificadora porque tienen un solo y único propósito, que es provocar mi falta de cordura para arrebatarme la investigación y eso no va a suceder", le respondió el juez en declaraciones a radios y canales de televisión.
El ministro argentino del Interior, Florencio Randazzo, consideró que "son una gran irresponsabilidad" las acusaciones del Gobierno porteño sobre la existencia de una supuesta "intencionalidad política" en esta causa.
Macri "tiene que hacerse cargo de que lo designó a (Fino) Palacios y, luego, a (el policía) Ciro James, y que se dedicaban a hacer escuchas telefónicas vinculadas a la familia de Macri", remarcó Randazzo a la emisora radio América.
"¿A quién otro más que a Macri le interesaban (esas escuchas)?", se preguntó el ministro.
El escándalo de las escuchas ya había desatado el año pasado una tormenta política entre el Gobierno peronista de Fernández y el de Macri, quien se propone ser candidato presidencial de la conservadora Pro en las elecciones generales de 2011.
El caso de espionaje se destapó el pasado octubre, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado contra la mutualista judía AMIA por parte del ex comisario Palacios, a quien Macri había encargado la tarea de crear la Policía Metropolitana.
Palacios, quien además está procesado por encubrimiento en el atentado de 1994 contra la AMIA, en el que murieron 85 personas, renunció a dirigir la fuerza poco después de conocerse el escándalo.
Burstein opinó hoy que está "más que suficientemente demostrado" que Macri tenía "la responsabilidad y el conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo con las escuchas ilegales", y pidió que "pague por lo que hizo".
Los investigadores del caso encontraron información sobre espionaje ilegal en computadoras incautadas en una agencia de seguridad controlada por Palacios y con la que también está supuestamente relacionado el antiguo subjefe de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, a quien Macri destituyó en noviembre pasado.
