La comisión del Congreso boliviano que investiga el enfrentamiento violento ocurrido en Pando el pasado septiembre ha contabilizado 13 muertes en aquel suceso, según los certificados forenses de defunción con los que cuenta hasta ahora.
Gonzalo Lazcano, diputado oficialista y miembro de esta comisión, explicó hoy a Efe que este organismo solo cuenta con 13 certificados de defunción y testimonios de que podría haber más fallecidos, aunque recordó que esta circunstancia debe investigarla el Ministerio Público.
La comisión especial del Congreso de Bolivia fue constituida para investigar los hechos violentos ocurridos en la región amazónica de Pando el 11 de septiembre, en medio de una ola de protestas que se desató en el país.
Lazcano explicó que entre los certificados de defunción contabilizados figuran el del ingeniero de la Prefectura de Pando, afín al sector autonomista, y el de otro hombre que murió el día después en la toma del aeropuerto de Cobija por parte del Ejército, mientras que el resto corresponderían a campesinos oficialistas.
El diputado dijo que, según los informes forenses, uno de los campesinos fallecidos presentaba indicios de que fue torturado hasta la muerte.
Desde que ocurrieron estos hechos, el Gobierno de Bolivia y otros organismos han ofrecido diferentes cifras sobre las personas que perdieron la vida en dichos enfrentamientos.
En concreto, el informe de la comisión de investigación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reportó 22 muertes, mientras que el Defensor del Pueblo de Bolivia contabilizó 19 fallecidos.
Pese al "baile de cifras" sobre estas muertes violentas, el diputado Lazcano señaló que las líneas generales del informe de la Comisión coinciden con los realizados por otros organismos en el sentido de que en Pando se produjo una "matanza" de campesinos oficialistas.
Por su parte, el jefe de la Comisión parlamentaria, el también oficialista René Martínez, no quiso referirse a números concretos y apuntó, en declaraciones a Efe, que el informe de conclusiones no será oficial hasta que lo apruebe la Cámara de Diputados.
Indicó que "no se puede ver en la diferencia de cifras una intención de poder alterar la validez plena" del informe.
Martínez explicó que, además de los fallecidos de los que se tiene exámenes, puede haber otros que no se hayan sometido al informe forense "por decisión familiar o por otros motivos", así como personas desaparecidas, según reflejan declaraciones de testigos oculares y directos.
El jefe de la comisión subrayó que "las torturas y las lesiones también configuran delito en diverso grado de identidad".
La comisión del Congreso contaba inicialmente con nueve diputados de diferentes formaciones políticas, pero el pasado mes de noviembre tres parlamentarios opositores la abandonaron.
Martínez achacó esta circunstancia a una "estrategia" de la oposición "para afectar la calidad de la comisión multipartidaria".
"Primero trataron de dilatar y romper la comisión, luego intentaron forzar mi renuncia y después descabezar a la presidencia", todas ellas sin éxito, explicó el diputado.
El jefe de la comisión, que se mostró convencido de que el informe será aprobado por la cámara baja, donde el oficialismo tiene mayoría, indicó que una vez aprobado pasará a conocimiento del Ministerio Público para el inicio de la acción judicial.
