La comisión investigadora oficial sobre la matanza de Bagua, en la que el pasado 5 de junio murieron 33 personas (23 de ellos policías) más una que se reportó como desaparecida, informó hoy que no cuenta con presupuesto de funcionamiento ni con un local donde reunirse.
En una rueda de prensa ante periodistas extranjeros, su presidente, el líder awajún Jesús Manasés y una de sus integrantes, la religiosa Mari Carmen Calleja, señalaron que debían presentar su informe sobre lo sucedido el 9 de diciembre, pero adelantaron que se retrasará casi con seguridad hasta mediados de enero.
El pasado 5 de junio se produjeron graves enfrentamientos en varias zonas de Bagua (noreste del Perú) entre policías e indígenas amazónicos que bloqueaban una carretera, que se saldaron con 21 muertos, y ese mismo día otro grupo de indígenas que retenía a 38 policías en una estación de gas asesinó a sangre fría a 12 de ellos, en aparente represalia.
Aquellos enfrentamientos llevaron al Gobierno a retirar unos decretos sobre explotación petrolera que los nativos consideraban lesivos, y formó con líderes indígenas y diferentes expertos tres mesas de trabajo y una comisión que esclareciese los hechos.
Pero la comisión "no tiene un presupuesto asignado, ni una oficina donde reunirse", señaló Manasés.
Especificó que el Gobierno solamente ha financiado un viaje realizado recientemente por sus siete miembros al lugar de los hechos, pero no paga los gastos de funcionamiento en Lima ni compensa a quienes -como él, funcionario en un ministerio- han desatendido otras obligaciones.
La comisión tiene el encargo de establecer un relato de los hechos, analizar las causas y redactar una serie de recomendaciones políticas.
No obstante, el primer cometido tropieza ya con la dificultad de que tanto la policía como los nativos acusen a sus propios colegas o hermanos de ejercer la violencia, con lo que difícilmente podrán señalar a responsables individuales.
Según Manasés, es difícil establecer si se rompió un supuesto pacto para que los nativos desalojaran la carretera pacíficamente, pues la policía niega que hubiera este acuerdo, pero sí se sabe que el asesinato de los doce policías fue cometido por un grupo de awajunes de los que en este momento no hay ninguno preso.
A título personal, explicó que cree "imposible" que un awajun delate a un hermano de etnia, pues eso equivale a una traición y al exilio del denunciante, por lo que "lamentablemente" -dijo- será imposible señalar a los autores de la matanza.
Lo que la comisión ha deducido es que aquella matanza de policías la perpetró "una masa descontrolada" que aprovechó la momentánea ausencia de sus jefes que estaban en ese momento negociando con el ejército.
El único dirigente que se quedó al lado de los agentes, Pedro Tiwi Jempe, se opuso a que éstos fueran agredidos y asesinados, pero también él fue herido de un lanzazo en la cabeza.
Manasés insistió en el "problema de comunicación" que persiste entre los pueblos amazónicos y el Gobierno de Lima, y advirtió contra la entrada en sus territorios de grupos mineros o petroleros que ingresan sin negociar con los nativos, pues según él son percibidos como agresores y podrían derivar en nuevos choques.
