La jueza de Buenos Aires que trabó el uso de reservas monetarias de Argentina para pagar deudas del país y restituyó en el cargo al presidente del Banco Central, Martín Redrado, recibió hoy las apelaciones del Gobierno a ambas medidas, informaron fuentes judiciales.
Los portavoces señalaron que la jueza María José Sarmiento debe resolver si revierte sus dictámenes o si los pone a consideración de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, un tribunal de alzada.
Las apelaciones del Gobierno de Cristina Fernández fueron presentadas el sábado al juez Carlos Grecco, presidente del tribunal de segunda instancia, con la excusa de que no había logrado hallar a la jueza para entregárselas a ella.
Redrado presentó hoy un escrito a la jueza Sarmiento en el que asegura que el presidente del tribunal cometió una "irregularidad" al aceptar la apelación gubernamental, informó a los periodistas Ezequiel Cassagne, uno de los abogados del titular del Banco Central.
Al salir de su casa hacia a las oficinas del Banco Central Redrado ratificó su decisión de no usar reservas en divisas para pagar deudas, como decretó Fernández, y evitó comentar informaciones que aseguran que fondos de inversión especulativa acreedores del país podrían embargar cuentas del instituto emisor si se cumplieran los deseos de la mandataria.
"Es un tema de absoluto cuidado que afecta a Argentina y corresponde a sus más altos intereses del que no voy a opinar. Cualquier opinión podría afectar los intereses del país", comentó.
Por medio de un decreto presidencial que entró en vigor el viernes pasado, Redrado fue cesado en el cargo por inclumplir el mandato de Fernández, pero la jueza Sarmiento le devolvió el cargo el mismo día.
Poco antes de restituir en el cargo a Redrado, la jueza suspendió un decreto de la presidenta que disponía la creación de un fondo de 6.569 millones de dólares con reservas en divisas para pagar deudas soberanas este año.
La magistrada puso en tela de juicio la necesidad y urgencia aludida por la jefa del Estado para disponer de fondos del Banco Central y cesar a su titular, además de considerar que el asunto debe ser resuelto por el Parlamento, que entró en receso a fines de noviembre hasta el 1 de marzo próximo.
El vicepresidente argentino, Julio Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, se propone llamar a los jefes de los grupos parlamentarios del Senado como modo de presión para reactivar las sesiones del Legislativo, que solo puede ser llamado a una reunión extraordinaria por el Ejecutivo, que de momento no lo ha hecho.
Las principales fuerzas de la oposición, que han cerrado filas en defensa de Redrado, también pugnan por lograr que el Parlamento tome cartas en el asunto.
El conflicto estalló cuando Argentina se prepara para ofrecer una refinanciación de bonos en mora por 20.000 millones de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).
