La reanudación de la guerra civil entre el Gobierno y los ex rebeldes del sur de Sudán tras el referendo del próximo enero puede provocar el desplazamiento de 2,8 millones de personas y la necesidad de distribuir 60 millones de dólares en ayuda humanitaria, advirtió hoy Naciones Unidas.
Además, otros 3,2 millones de personas se verían afectadas por la interrupción del comercio y los servicios sociales a causa del conflicto, explicó el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Alain Le Roy, en una comparecencia en el Consejo de Seguridad del organismo mundial.
El jefe de los "cascos azules" resaltó que ese es uno de los escenarios que se barajan en el "muy poco probable caso" de que estallara un nuevo conflicto a gran escala tras el referendo del 9 de enero, en el que el sur podría decidir separarse del resto del país.
"Dada la incertidumbre en los próximos meses, las partes, la ONU y la comunidad internacional nos estamos preparando para evitar, en todo lo posible, y mitigar una crisis humanitaria", observó en su intervención Le Roy.
Según explicó, la misión de paz de la ONU en Sudán (UNMIS) ha desplegado efectivos en la disputada zona petrolera de Ebey, así como en los estados de Kordofán Sur, Alto Nilo y Nilo Blanco para prevenir roces y facilitar el diálogo.
De todas formas, Le Roy insistió en que los 10.600 militares y policías de la misión internacional no podrían impedir por sí solos una reanudación de la guerra civil si se lo proponen las partes.
Los representantes de ambos bandos reafirmaron el compromiso de respetar el resultado de las urnas en sus intervenciones en la reunión del Consejo de Seguridad.
"Estoy seguro, al cien por cien, de que la votación será pacífica, a menos que en Jartum decidan interrumpir el proceso", afirmó a la salida de la reunión el ministro de Paz del Gobierno autónomo del sur de Sudán, Pagan Amum.
El también secretario general del Movimiento Popular de Liberación de Sudán (MPLS) consideró que "no hay una alta probabilidad" de la reanudación de un conflicto, pero reconoció que la posibilidad "existe" y que las fuerzas armadas sudanesas bombardearon algunas áreas fronterizas cuando empezó el registro de votantes.
Por su parte, el Consejo de Seguridad expresó en una declaración su inquietud por la falta de acuerdo en relación a los preparativos del referendo en Ebey, al tiempo que pidió calmar los ánimos en esa área petrolera para poder definir asuntos como la demarcación de fronteras, la ciudadanía de sus habitantes y la explotación de sus recursos naturales.
Las consultas electorales del mes que viene son el pilar del Acuerdo Amplio de Paz (CPA) que en 2005 puso fin a dos décadas de sangriento conflicto entre el norte de Sudán, de mayoría musulmana, y el sur, predominantemente cristiano y animista.
Más de dos millones de personas murieron en ese conflicto, que comenzó en 1983, cuando el régimen de Jartum impuso la ley islámica en todo el país y los rebeldes sureños se levantaron en armas.