Una organización no gubernamental (ONG) de Colombia confió hoy en que las autoridades correspondientes cumplan con un fallo que ordena la destitución retroactiva de Álvaro Hernán Velandia, general del ejército implicado en la desaparición y muerte de una guerrillera del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19).
La sentencia de última instancia fue adoptada el pasado 13 de noviembre por la Sala Plena del Consejo de Estado, que confirmó una decisión contra Velandia adoptada hace catorce años por la Procuraduría General, dentro de un proceso disciplinario que terminó en 1995.
Este primer fallo lo profirió el ahora ex procurador Hernando Valencia, por entonces Delegado para los Derechos Humanos en este órgano de control de los funcionarios públicos y quien debió exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte que fueron relacionadas con este caso.
"Ahora se debe producir la aplicación de la sanción al general Velandia", dijo a Efe en Bogotá el director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Gustavo Gallón, cuya ONG ha intervenido, como parte, en esta causa.
Gallón observó que la decisión tomada la semana pasada por el Consejo de Estado revoca una de la Sección Segunda de este mismo tribunal contencioso administrativo, que en 2004 declaró nula la orden de destitución de Velandia y tres suboficiales más, impartida por la procuraduría en 1995.
El fallo de la Sección Segunda se derivó de la apelación presentada por el ahora general en retiro Valencia, quien por efecto de ella fue restituido como oficial y pudo continuar con el desempeño de cargos públicos.
El director de la CCJ recordó que, en su momento, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también pidió al Estado colombiano que destituyera a Velandia por la responsabilidad que le cabía en la desaparición forzada, tortura y muerte de Nydia Erika Bautista, rebelde del desaparecido M-19.
La mujer desapareció el 30 de agosto de 1987 en Bogotá y sus restos fueron encontrados en julio de 1990 en una fosa en Guayabetal, localidad en el centro de Colombia.
"La Fiscalía General se enredó con el caso del general Velandia y es evidente que hay una injusticia y un incumplimiento por parte del Gobierno", consideró Gallón, que señaló que la CCJ le ha pedido en varias ocasiones al Comité de la ONU que "le solicite al Estado colombiano información sobre el cumplimiento de su decisión (la del organismo internacional)".
Gallón consideró que la sentencia del Consejo de Estado "debería tener alguna influencia sobre el proceso penal" del caso.
La decisión del Consejo de Estado ha sido considerada como "histórica" y "sin precedentes" por la Fundación Nydia Erika Bautista, creada por la familia de la rebelde, y también por la CCJ.
El oficial comandaba la antigua unidad de inteligencia del Ejército, conocida como el batallón Charry Solano.
La mujer fue detenida por orden de Velandia y, según testimonios obtenidos por la Procuraduría, la militante del M-19 fue torturada y ejecutada.
