Unos 80 funcionarios con doble nacionalidad hacen cobros ilegales

El abogado Sídney Sittón reiteró ayer que funcionarios del gobierno del presidente Juan Carlos Varela están recibiendo salarios del Estado de forma indebida, toda vez que violan la ley, al ejercer con doble nacionalidad.

"La Constitución panameña establece que cada vez que una persona adquiere otra nacionalidad, sus derechos ciudadanos son suspendidos... y estando en esta condición de suspensión no puede ocupar cargo con mando y jurisdicción", explicó el jurista, en entrevista al programa dominical Debate Abierto.

Este tema hasta ahora había pasado inadvertido en el debate nacional, pero bien podría ser el detonante de una nueva crisis gubernamental, por lo abarcador de la irregularidad, que estaría salpicando a varias dependencias.

"Hay funcionarios del Gobierno central, del Servicio Exterior, de instituciones autónomas y semiautónomas, del Órgano Ejecutivo, del Ministerio Público y del Tribunal Electoral inmerso dentro de la violación a estas normas que justamente impiden que ellos ejerzan estos cargos", afirmó Sittón.

Casos relevantes

Esto ya motivó que el pasado jueves 19 de noviembre, el abogado Sittón presentara formal denuncia ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

El documento sustentó presunto enriquecimiento injustificado y falsedad, delitos en los que habrían incurrido 80 funcionarios con mando y jurisdicción, designados por Varela.

No obstante, la solicitud de investigación a la Antai hace énfasis en dos casos en particular: el de la Cónsul de Panamá en Miami (EE.UU.); y el del titular del Ministerio de Obras Públicas ( MOP).

En este sentido, Sittón reveló que voceros del Gobierno se pusieron de inmediato en contacto con él, y le aseguraron que la cónsul en Miami ya había renunciado a su otra nacionalidad.

"En ese caso, tenía que haberse 'rehabilitado'. Y hasta tanto no se cumpla con eso, hay una violación a la legalidad", sentenció.

Nuevo requisito

De esta forma, la figura de 'rehabilitación de ciudadanía' vuelve a la palestra.

Ya se dio en 2012, en el sonado caso del exalcalde capitalino Bosco Ricardo Vallarino, quien también tenía la nacionalidad estadounidense.

En aquella ocasión, la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad interpretando que solo la Asamblea era la instancia apta para rehabilitar los derechos ciudadanos suspendidos.

Con este antecedente, Sittón solicita ahora que la Antai incorpore dentro de su página web un formulario para que los funcionarios en esta condición expliquen si ya han renunciado a otra nacionalidad, y si solicitaron la rehabilitación.