El plan del Ejecutivo uruguayo para facilitar el levantamiento del secreto bancario ante la sospecha de hechos delictivos desató hoy una gran polémica en el país, donde toda la oposición y varios ejecutivos de banca expresaron su oposición al proyecto que el Gobierno apoya en pleno.
La idea de permitir a la Dirección General Impositiva (DGI) solicitar a los jueces la apertura del secreto bancario ante "sospechas fundadas" de irregularidades fue anunciada ayer por el ministro de Economía Fernando Lorenzo, que la consideró un paso para quitarle a Uruguay la etiqueta de paraíso fiscal impuesta por algunos países desarrollados.
Según dijo el líder del Partido Nacional y principal opositor al gobierno del Frente Amplio, Luis Alberto Lacalle, estas medidas anunciadas por el Gobierno suponen "un cambio sustancial en la política económica" desarrollada por Uruguay en los últimos años.
"Es una clara señal de un cambio y mucha gente pensará dos veces invertir aquí", apuntó Lacalle antes de señalar que incluso el anterior gobierno del Frente Amplio "se opuso firmemente a este tipo de medidas".
Por su parte, el líder del también opositor Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que esta norma no defiende los intereses de los uruguayos y que simplemente se limita a "aceptar la presión de los países ricos".
En declaraciones a la emisora El Espectador, Bordaberry dijo que lo que quieren países como Argentina y Estados Unidos es que Uruguay les brinde información sobre la riqueza que está en el país.
Asimismo, ejecutivos bancarios consultados por el diario opositor "El País" consideraron que estos cambios van a traer "disconformidad y por otro lado va hacer que la gente empiece a perder la confianza que tiene en el sistema financiero uruguayo".
La norma anunciada ayer amplía a la Dirección General Impositiva (DGI) la capacidad de pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de algún contribuyente mientras haya indicios de comportamiento ilícito, dijo Lorenzo.
En la actualidad, sólo los jueces pueden pedir en los tribunales el levantamiento del secreto bancario.
La persistencia del secreto bancario ha sido una de las políticas más cuestionadas en Uruguay durante el pasado año, después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocara en marzo de 2009 al país en la lista negra de países que incumplen con los estándares de intercambio de información en materia fiscal.
Esta situación provocó que el gobierno, presidido entonces por Tabaré Vázquez, asegurara su compromiso para seguir las normas de la OCDE de transparencia fiscal para salir de la lista y avanzó en alcanzar acuerdos de intercambio de información tributaria con doce países, entre los que se encuentran España, Portugal y Canadá, entre otros.
Asimismo, el plan del Gobierno para gravar rentas activas que las personas que residan en Uruguay tengan en el exterior también fue criticado por expertos fiscales y consultoras privadas, que consideran que "no le conviene al país", mientras que varios académicos aseguraron que una medida de estas características será muy difícil de fiscalizar.
Desde el Gobierno se insistió en que el afán de esta norma no es recaudador, sino de poner a todos los ciudadanos en pie de igualdad a la hora de incluir sus ingresos en la declaración de la renta.
