El Gobierno uruguayo logró hoy el respaldo del Parlamento para flexibilizar el secreto bancario, uno de los principales atractivos de su plaza financiera, con el objetivo de mejorar la imagen frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Uruguay integra actualmente y desde abril del pasado año la "lista gris" de la OCDE, tras ocupar durante buen tiempo la "lista negra" de los países considerados paraísos fiscales.
El Gobierno del presidente José Mujica, de la coalición de izquierda Frente Amplio que asumió el pasado 1 de marzo, decidió "apurar el paso" para tratar de que Uruguay mejore su imagen como plaza financiera e impulsó ajustes al nuevo sistema tributario aprobado en 2007, durante el Gobierno de Tabaré Vázquez, el primero de izquierda en la historia del país.
El proyecto flexibiliza el secreto bancario y faculta al director de rentas, "en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras" de la Dirección General Impositiva (DGI), para que "solicite en forma expresa y fundada" ante la Justicia "toda la información relativa a las operaciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas".
El juez "sólo hará lugar a la solicitud" cuando la administración tributaria "haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión" y siempre que la información solicitada "resulte necesaria para la correcta determinación de adeudos tributarios o la tipificación de infracciones", agrega el texto aprobado por el Senado.
Además, el proyecto establece que la misma información, podrá ser solicitada por la administración tributaria, en cumplimiento de solicitudes "expresas y fundadas" por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero, "exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratificados por Uruguay" en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición.
Previo a la aprobación, los representantes oficialistas aceptaron modificaciones al texto original propuestas por un sector del Partido Nacional, como condición para dar sus votos.
Sin embargo, otros legisladores nacionalistas fueron muy críticos durante el debate parlamentario que se extendió por casi diez horas.
El senador Luis Alberto Heber acusó al Gobierno de "ser permeable" a las presiones de "los países ricos" y afirmó que con la aprobación de la reforma "Uruguay pierde soberanía tributaria".
"Argentina denunció a Uruguay frente a la OCDE y por ello se da esta reforma. Ojalá que no tenga muchos efectos negativos para el país", señaló.
El senador oficialista Alberto Couriel dijo que con los cambios aprobados en el sistema tributario se logrará un "mayor control de la evasión".
El nuevo proyecto, aprobado con los votos a favor de 21 de los 29 senadores presentes en sala al momento de votar, "es muy positivo" para el país, afirmó Couriel.
La reforma aprobada generó discrepancias también a nivel de las oficinas de captación de inversiones, autoridades de la banca y otros expertos.
Para algunos es positiva, da seguridades y una mejor imagen internacional de la plaza financiera uruguaya, pero para otros puede derivar en el retiro de inversores.
En la "lista gris" se encuentran los países que a juicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no han implementado los estándares internacionales sobre transparencia en materia fiscal, aunque se hayan comprometido a hacerlo.
El requisito para salir de esa lista es firmar acuerdos de intercambio de información fiscal con doce estados.
Uruguay ya ha firmado convenios con Alemania, España, Francia, Portugal, Suiza y México, aunque solo se ha ratificado en el Parlamento este último.
Algunos de los países que integran la OCDE, impulsada por las naciones del G-20, advirtieron a las empresas con inversiones en los considerados "paraísos fiscales" que gravarán sus ganancias con más impuestos.
Las medidas impulsadas por Uruguay para dar más transparencia a su plaza financiera le permitieron al país salir en 2009 de la "lista negra" y pasar a la "lista gris", tras el compromiso de incorporar normas internacionales y avanzar en la búsqueda de acuerdos de intercambio de información con más países.
