Varias ONG en México denunciaron hoy el "desdén" mostrado por el Estado mexicano para hacer justicia en instancias nacionales e internacionales en relación con las "torturas" y "violaciones sexuales" ocurridas en San Salvador Atenco (centro de México) hace casi cuatro años.
En víspera de que mañana se cumplan cuatro años de los hechos, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, lamentó en rueda de prensa que México "ni siquiera" haya dado respuesta a una petición de información que sobre el caso le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de diciembre de 2009.
El 3 de mayo de 2006 un conflicto social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco derivó en una amplia y contundente intervención policial en la segunda localidad, ubicada en el Estado de México, vecino a la capital del país.
La acción policial desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y la comisión de abusos sexuales contra "al menos 26 mujeres", según las ONG.
"Pedimos que se ordene una investigación seria, imparcial y eficaz, precisamente, que sancione a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos. Esto no lo ha hecho el Estado mexicano a través de sus órganos de procuración de justicia", señaló Arriaga.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió en febrero de 2007 el caso y aún lo revisa su Primera Sala, después de reconocer ya en un informe preliminar del 13 de marzo de 2008 que hubo "violaciones graves" a los derechos humanos.
En julio de 2009 la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra) declinó la competencia sobre el caso en favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
"Desde entonces, no ha sido realizada una sola diligencia para ubicar a los responsables y las investigaciones han estado totalmente paralizadas", indicaron las ONG.
Con este comportamiento, México sigue "avalando la impunidad" ante las graves violaciones a derechos humanos que sucedieron, explicó Arriaga, quien considera "presos políticos" a los doce encarcelados y "desmesuradas" varias de las condenas contra ellos.
"Tan solo la de Ignacio del Valle (líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco) es de 112 años de prisión", agregó Arriaga.
La ONG que encabeza presentó en abril de 2008 el caso ante la CIDH, que ha pedido información a México, cuyo Gobierno no había contestado hasta el viernes pasado a esa demanda pese a que tenía únicamente hasta el pasado 26 de marzo para hacerlo, dijo Arriaga.
Una de las mujeres víctimas de abuso, Claudia Hernández, de la ONG Mujeres de Atenco, culpó en la rueda de prensa de la impunidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al ex procurador general de la República Eduardo Medina Mora, y al entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, Wilfrido Robledo.
Para Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional-México, los cuatro años de omisiones denotan que hay "un sistema de procuración de justicia que (...) ha mostrado su ineficiencia" incluso ante un dictamen de la SCJN donde se reconoce que hubo graves abusos.
