Considerando la importancia que día a día sigue adquiriendo la actividad turística es necesario definir cuál es la competencia que corresponde a cada uno de los sectores de poder que se ve involucrado en el ejercicio de esta actividad. El turismo es una de las actividades que por su efecto multiplicador involucra directa o indirectamente varios sectores, como son el económico y el social, por lo que es importante tratar de definir a quién o a quiénes corresponde la competencia administrativa de manera que participen en su planeamiento y ejecución.
Efectivamente, el turismo como marco concepto sociocultural y económico es una competencia susceptible de ser distribuida en régimen de exclusividad o compartición entre las diferentes administraciones públicas. Se trata de una competencia cuya naturaleza se corresponde con la esencia institucional de cualquier poder público, por lo cual no sólo admite sino que requiere una intervención concurrente o paralela de diferentes instancias. Es claro que en este tema se debe partir del principio de respeto a los títulos de competencias sectoriales; sin embargo parece que en ocasiones, al no existir una definición clara de las competencias, esto no es siempre posible.
La conveniencia de ordenar la actividad turística mediante planes especiales, aparte de la racionalidad que se supone introduciría la planificación en el proceso de toma de decisiones, permitiría al municipio definir tratamientos diferenciales para las distintas formas en que contemporáneamente suele manifestarse el turismo, y establecer los parámetros para las nuevas demandas.
Hemos de subrayar entonces, que el turismo es hoy una de las actividades respecto de las cuales se impone de una manera determinante el entendimiento entre distintas administraciones públicas, cada una de ellas regida por la noción del interés predominante. Tal entendimiento cobra su mayor sentido por ejemplo en el caso de aquellos municipios en donde la magnitud de las condiciones naturales para alguna explotación turística determine una demanda que excede las disponibilidades de todo orden para satisfacerla, obligando - en aras de su propia calidad de vida - a buscar términos de cooperación para la solución de sus problemas.
Esta observación es mucho más pertinente si se admite que la actividad turística se manifiesta en una diversidad de ramas y sectores económicos cuya ordenación implica establecer el modelo territorial más adecuado del consumo turístico desde una perspectiva de óptima rentabilidad de las inversiones realizadas.
En la actualidad, se ha venido imponiendo una visión más global del problema que tiende a hacer compatibles la actividad turística y la protección del medio ambiente, reconociéndose la necesidad de definir o perfeccionar instrumentos de valoración y control de las acciones privadas y públicas sobre el espacio turístico y traducirlos, operativamente, en una ordenación integral de su uso y transformación, en donde los municipios tienen la responsabilidad de desarrollar planes que permitan una explotación adecuada de los recursos utilizables con fines turísticos en beneficio primordialmente de su ámbito territorial para que además, los pobladores de los mismos, se beneficien y perciban el efecto multiplicador del turismo sintiéndose así más involucrados y motivados a impulsar esta actividad.
El Estado y los entes locales tienen mayor o menor grado de responsabilidad, por lo que es necesario que se coordinen acciones como lo es el establecer el marco en el que el sector público o privado van a operar en el ámbito de turismo, proporcionando la legislación, regulación y control necesario a través de una política turística con planes concretos que incluyan la participación de los entes locales para la evaluación de la situación del turismo en la región que le corresponda y elaborar de esta manera los programas más adecuados a su realidad. Se deben asegurar la cooperación entre los distintos departamentos gubernamentales, entre las autoridades locales y entre el sector público y el privado en general.
Viendo todo lo interior y para resumir desde el punto de vista de la prestación de servicios, la Administración Local puede desempeñar funciones de muy diversa índole. Por un lado, las que podrían denominarse funciones tradicionales propias que apenas interviene en la economía y en la sociedad; por otro lado, atendiendo y desarrollando funciones de bienestar social más características de una Administración Local de un Estado que interviene activamente en la economía y la sociedad. Dentro de las funciones tradicionales se encuentran una serie de dotaciones de infraestructuras y servicios básicos entre los que se pueden mencionar, con pequeñas variantes dependiendo del tamaño de la población, los de suministro de agua potable, alumbrado público, alcantarillado, recogida de residuos, limpieza varia, parques, ordenación urbana, transporte público, etc.
En otras palabras, se incluyen dentro de este grupo la mayor parte de los servicios locales mínimos marcados en el actual ordenamiento jurídico local. Por lo que se refiere a las otras funciones de bienestar, pueden tener una configuración muy variable: desde que el peso de la planificación y gestión corra a cargo del gobierno central, hasta que los entes locales se conviertan en uno de los apoyos básicos de la gestión del Estado en esta materia. Resumiendo podemos decir que lo primero que hay que perfilar es el tipo de funciones que se espera desempeñe la Administración Local, ya sea en un medio urbano o rural, asumiendo un papel destacado en todas las áreas de bienestar y por supuesto, en el desarrollo del turismo.
Es sabido que para que el espacio de ocio pueda ofertarse requiere de la existencia de la infraestructura básica que permita el "consumo" del producto turístico por parte del turista que se desplaza hacia estas zonas. Esta estructura básica no basta, sino que debe gestionarse para que existan infraestructuras turísticas que tengan capacidad de responder a la demanda que genera el movimiento de turistas. Entre estas infraestructuras podemos mencionar la de alojamiento hotelero y extra hotelero, servicios de restauración, actividades complementarias y recreativas y, claro está, otro tipo de actividades comerciales que faciliten y motiven la estancia de los turistas en el respectivo municipio.
En relación a esta propuesta, el problema que puede presentarse se refiere a que la dotación de servicios y el nivel de las infraestructuras que ofertan podrían determinar las posibilidades de desarrollo del turismo, teniendo más opción de desarrollo aquellos municipios que cuenten con mayores recursos y medios para gestionar los mismos.
Si no se cuentan además con la planificación y los medios adecuados, esto origina situaciones negativas que puedan causar daño al entorno y a una proyección negativa de la actividad turística para los habitantes habituales del municipio y la consecuente aversión hacia el desarrollo del turismo.
Además deben agilizarse las actuaciones en torno a hacer más partícipe al sector privado para que responda ya sea adecuando las estructuras turísticas existentes o invirtiendo en construcciones de instalaciones varias que repercutan en elevar el nivel de la oferta turística, puesto que podrían crearse nuevos productos que harían evolucionar la calidad de los servicios.
Es claro que en la medida en que más se especialicen las actividades que se desarrollan en los municipios, la orientación de las inversiones estarán más acordes con las exigencias de la actividad seleccionada lo que evitará diversificación de acciones y pérdida de capitales para el desarrollo de sectores no adecuados a las exigencias económicas del municipio; no debe verse esto solamente en el aspecto turístico, sino más bien en toda actividad. Si los municipios tienen una real vocación turística y recursos para desarrollar esta actividad, entonces sí deben dirigirse todos los esfuerzos para potenciar el turismo; pero si su tradición y recursos no enmarcan al mismo para ser desarrollado turísticamente, no debe forzarse la situación.
Esto lo decimos porque el aumento de población de manera temporal e intensiva supone cambios en el entorno de los residentes, y los cambios bruscos deben enfrentarse con profesionalidad y de manera permanente.
Pero no solamente debe verse el aspecto de las infraestructuras, estructuras y servicios que requiera el desarrollo del turismo por los municipios, sino que debe analizarse cuál es el tipo de turismo que realmente se desea atraer y hacia qué segmento del mercado irán dirigidas las características propias del producto que va a ofertas, y evaluar cuáles son los medios con los que cuenta.
La participación municipal en el procedimiento administrativo público es un trámite esencial para la aplicación conjunta de los principios de autonomía, y supone su capacidad para gestionar todas las tareas a nivel local referidas a intereses no solamente locales sino con trascendencia en el desarrollo nacional, dejando de ser apéndices marginales de la estructura del poder central, por lo que la autonomía debe ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos propios, en el gobierno y la administración de cuantos asuntos atañan, graduándose esa participación en función de la relación entre intereses locales y supra locales dentro de tales asuntos o materias.
