Venezuela se declaró hoy inocente y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que no emita un "fallo político" en el caso relacionado con la inhabilitación política del opositor y exalcalde Leopoldo López.
"Esperamos que la decisión sea jurídica y no política, es lo único que pedimos, porque antes han habido decisiones políticas que no aceptamos", afirmó a periodistas el agente del Estado venezolano Germán Saltrón, sin más precisiones.
El representante venezolano aclaró que "cualquier fallo que dicte la Corte será considerado por la Sala Constitucional" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país, que finalmente decidirá si se aplica o no.
"Si (la Sala Constitucional) decide que la decisión (de la CorteIDH) es ejecutable, se ejecuta, de lo contrario, no", añadió, al afirmar que las sentencias del tribunal interamericano no son de acatamiento obligatorio para su país.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, finalizó este miércoles la audiencia de dos días por el caso de López, inhabilitado en 2008 por la Contraloría de su país para ejercer cualquier cargo de elección popular hasta 2014.
La Contraloría venezolana tomó esa decisión administrativa con base en dos casos de presunto mal uso de los recursos durante la gestión de López como alcalde del municipio caraqueño de Chacao, aunque nunca se realizó un juicio en su contra.
En la audiencia ante la CorteIDH, los representantes del Estado venezolano afirmaron que todas las acciones en contra del político opositor se apegaron al ordenamiento jurídico interno y pidieron desestimar la demanda.
Saltrón aseveró que Venezuela tiene "la mejor y más avanzada Constitución política del mundo en derechos humanos", que garantiza "la participación política auténtica" y la "libertad de expresión total".
Mónica Misticcio, otra agente del Estado venezolano, explicó a los jueces que la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra López se aplicó acorde al ordenamiento jurídico local, pues se confirmó que el político "incurrió en actos de corrupción plenamente comprobados en dos procedimientos administrativos".
Según Misticcio, López malversó fondos por una suma cercana a los dos millones de dólares.
Por su lado, los representantes de López pidieron a los jueces condenar a Venezuela por la violación de los derechos políticos y garantías judiciales, pues se trató de una inhabilitación política sin que existiera una condena penal.
Además solicitaron la restitución plena de los derechos políticos de López para participar en procesos electorales, y que cesen las inhabilitaciones políticas a otros venezolanos que, afirmaron, rondan las 574.
También pidieron a la Corte que ordene la modificación de la ley venezolana que permite que la Contraloría de la República inhabilite a los políticos para ejercer cargos públicos sin que exista una condena penal.
"Nunca hubo una sentencia, nunca fui sometido a un juicio penal, se me han hecho una cantidad de acusaciones infundadas y queda en evidencia la manera arbitraria y discrecional en que se aplican las inhabilitaciones en Venezuela", expresó López a periodistas después de la audiencia.
El político opositor dijo que su caso tiene que ver con la "salud de la democracia" en Venezuela, pues a su juicio, las inhabilitaciones ordenadas por el Gobierno "evitan que la gente decida quienes son sus gobernantes".
Las partes tienen hasta el 2 de abril próximo para presentar sus alegatos por escrito ante la CorteIDH, cuyos jueces emitirán una sentencia en un plazo indeterminado.
