Amnistía Internacional (AI) alertó hoy de que dos indígenas otomíes mexicanas, encarceladas desde agosto de 2006 por supuestamente haber secuestrado a seis policías, podrían enfrentar una "sentencia injusta" por las irregularidades registradas en su caso.
"Tanto a Alberta Alcántara Juan como a Teresa González Cornelio (...) se les debe reconocer el principio rector de la justicia que claramente señala que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, o sea, la presunción de inocencia", detalló AI en un comunicado.
Las indígenas, quienes están detenidas desde el 3 de agosto de 2006, participaron según la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en un presunto secuestro de seis agentes federales durante un operativo en busca de drogas y DVD piratas en un pueblo del estado de Querétaro.
Los policías llegaron a la comunidad de Santiago Mexquititlán vestidos de civil, sin identificarse y, con violencia, desmontaron unos puestos de venta e incautaron la mercancía que allí había.
Tres mujeres fueron arrestadas días después por separado, y entre ellas sólo una, Jacinta Francisco, fue liberada en septiembre por dudas en el procedimiento abierto en su contra, tras ser defendida por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Esta ONG y AI celebraron hoy una rueda de prensa con Leónides Ortiz, abogado de las aún encarceladas, y demandaron la libertad de las indígenas.
"La PGR y el Estado mexicano lo que buscan en muchos casos es criminalizar estas acciones de descontento contra el abuso de la autoridad a través del código penal", dijo a Efe el abogado del Prodh, Andrés Díaz.
Además, aseguró que "no hubo ningún secuestro", y que si Jacinta Francisco fue hace dos meses liberada porque había "dudas razonables" en las pruebas del caso, lo mismo debería suceder con Teresa y Alberta.
El caso está en manos del juez IV de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien las debería "absolver totalmente", señaló hoy Díaz.
El Centro Prodh se pregunta por qué la Fiscalía está buscando mantener a personas en la cárcel en un caso cuestionado continuamente en los medios de comunicación y por distintas organizaciones sociales.
Con esa opinión concuerda AI, que considera que las pruebas contra las otomíes no son válidas y exige para ellas "un juicio justo" donde cuenten con "las debidas garantías que exigen las normas internacionales de derechos humanos".
