La Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala y dirigentes ambientalistas anunciaron hoy una larga batalla legal para revertir la ampliación del contrato petrolero a favor de una empresa francesa, autorizado el pasado viernes por el presidente Álvaro Colom.
Un representante del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (IPN) de la USAC (estatal), Adrián Zapata, dijo que están evaluando las acciones legales que van a plantear para que quede sin efecto la prórroga del contrato por otros 15 años.
Zapata calificó en rueda de prensa de "ilegal" la decisión de Colom de ampliar el contrato a la empresa Perenco, que extrae crudo desde hace 25 años en el Parque Nacional Laguna del Tigre, una reserva natural ubicada en el departamento norteño de Petén.
Anunció que debido a que la USAC a través del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) es la administradora del Parque, analiza las sanciones contra los responsables de la ampliación y las medidas legales para revertir la prórroga.
Zapata aclaró que la USAC no está en contra de la explotación petrolera en Guatemala, sino que rechaza que la extracción se realice en un área protegida de la reserva natural.
El director del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales y Ambiente (Iarna) de la Universidad Landivar (privada), Juventino Gálvez, también expresó su rechazo a la decisión del presidente y dijo que extraer crudo en Laguna del Tigres es "una bomba de tiempo".
"La actividad petrolera socava cualquier posibilidad de conservación y es grave mantener una posición (de explotación) máxime ahora con tanta amenaza natural", advirtió Gálvez en la misma rueda de prensa.
El dirigente ambiental manifestó que una de las alternativas que impulsa Iarna es similar a la presentada por un grupo de parlamentarios alemanes, en el sentido de crear un millonario fondo de compensación económica a cambio de no continuar con la extracción de crudo.
La propuesta alemana, dada a conocer el pasado viernes por la prensa local, consiste en la creación de un millonario fondo de compensación, que sería financiado por varios países, entre ellos Alemania, a cambio de renunciar a la extracción de crudo en La Laguna del Tigre, considerado uno de los principales humedales de Latinoamérica.
El IPN y Iarna, dijo, se comprometen a elaborar una propuesta concreta similar a la que se promueve en el Parque Nacional Yasuní (Ecuador), donde se dejó de explotar petróleo.
La coalición ambiental, integrada por al menos 12 organizaciones, también expresó hoy su rechazo a la prórroga del contrato por los daños que provoca a la ecología la extracción de crudo.
El abogado del Centro de Acción Legal Ambiental Social (Calas), Rafael Maldonado, dijo en otra rueda de prensa que "hoy empieza una larga batalla legal" para lograr revertir la ampliación del contrato a la empresa francesa.
Maldonado aseguró que el presidente Colom "dio un golpe de Estado técnico" al avalar la ampliación del contrato, pese a que la Ley de Hidrocarburos prohíbe su autorización si se lesionan intereses nacionales.
El letrado dijo que se preparan las acciones legales en contra del mandatario y los ministros que avalaron la prórroga por delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La coalición ambiental exigió hoy a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, cancelar el contrato por considerar que es "ilegal" y "lesivo" para los intereses nacionales.
