El Senado paraguayo aprobó hoy un proyecto que busca bloquear los bienes de las víctimas de secuestro y también dio curso a otra propuesta para destinar fondos para pagos de recompensas a informantes sobre ese tipo de ilícitos.
La iniciativa busca bloquear también los bienes de los familiares y parientes cercanos de los secuestrados y establece que los organismos de seguridad serán los únicos negociadores en ese tipo de ilícitos.
Además, exige que las compañías de telefonía móvil adecúen sus sistemas para poder ofrecer información detallada sobre las eventuales llamadas realizas por los secuestradores y los familiares de las víctimas.
"Lo que se busca es desalentar esta actividad delictiva. Tenemos que erradicar este tipo de situaciones, hacer que dejen de ser rentables", dijo el ministro de Interior, Rafael Filizzola, tras conocer la decisión de la Cámara Alta.
Por su parte, el empresario Antonio Debernardi, quien pagó alrededor de un millón de dólares por el rescate de su esposa, María Edith Bordón, liberada el 19 de enero de 2002 tras 64 días de cautiverio, aseveró que el proyecto "no funcionará" debido a que varias personas acaudaladas cuentan con testaferros.
El empresario, promotor de la Fundación Antisecuestro (Fundasec) de Paraguay, dudó además de la capacidad de los organismos de seguridad para negociar en ese tipo de hechos.
El Senado también aprobó este martes un proyecto ley para autorizar el uso de unos 5.000 millones de guaraníes (alrededor de un millón de dólares) para el pago de recompensas a las personas que den informaciones sobre el paradero de los eventuales secuestrados.
También aprobaron un presupuesto de 3.200 millones de guaraníes (695.000 dólares) para el pago de sobresueldos para agentes especiales abocados a la tarea de investigación y rescate.
Ambas normativas propuestas por los senadores, que serán remitidas a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación, fueron planteadas en momentos en que se cumplen dos meses del secuestro del ganadero Fidel Zavala en el departamento de Concepción, al norte de Asunción y en la frontera con Brasil.
Zavala, de 45 años, fue secuestrado de su hacienda Rancho Z, de la localidad de Paso Barreto, a 500 kilómetros de Asunción, por un grupo armado que dijo pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y que huyó en un vehículo todoterreno en el que instaló una bomba que hirió a dos policías, uno de los cuales continúa en grave estado.
La Policía intensificó en la víspera el operativo de búsqueda del ganadero pese a que los familiares de Zavala han solicitado a las autoridades mantenerse al margen del caso y omitir detalles del mismo para facilitar las negociaciones con los captores que, según fuentes oficiales, exigen cinco millones de dólares para liberarlo.
El EPP es considerada una agrupación escindida del izquierdista Partido Patria Libre (PPL) y opera en áreas de difícil acceso de Concepción y el vecino San Pedro, la región más pobre del país, donde le han atribuido ataques y robos de armas de puestos policiales y militares, además de la quema de tractores de productores agrícolas.
Según las autoridades, los miembros de este grupo han recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer esos hechos.
