El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió hoy al Congreso de Guatemala que se asegure que los nuevos jueces que integrarán la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano sean juristas de "una competencia, independencia e integridad incuestionables".
La portavoz de la ONU, Michele Montás, aseguró que Ban ha tomado nota de las inquietudes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque, sobre la reciente elección en el Congreso de los nuevos magistrados de la Suprema.
"Este es asunto de gran importancia en la lucha contra la impunidad en el país. El secretario general confía en que el Congreso guatemalteco se asegurará que los jueces elegidos a la más alta instancia sean de una competencia, independencia e integridad incuestionables", agregó en una declaración Montás.
Knaul de Albuquerque lamentó hoy en Ginebra que la reciente elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ignorara los principios "de transparencia, objetividad e idoneidad necesarios en este tipo de proceso".
De los 13 magistrados que fueron electos el pasado miércoles por el Congreso, seis habían sido cuestionados por diversos sectores, incluida la Cicig, que dirige el jurista español Carlos Castresana.
Castresana había exhortado al Parlamento a que no eligieran a jueces que han sido deficientes en la administración de justicia, pero su petición no fue escuchada por los diputados.
La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió el pasado 3 de octubre dejar en suspenso provisional la elección de los 13 magistrados tras ser cuestionada por abogados particulares.
La Cicig es un organismo fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tiene como misión luchar contra los tentáculos del crimen organizado en el aparato estatal guatemalteco.
El mandato de la Comisión le permite llevar a cabo investigaciones independientes y actuar como una fiscalía complementaria, con la meta de ayudar a las autoridades guatemaltecas a llevar casos "emblemáticos" ante los tribunales, explica el comunicado.
También tiene como objeto fortalecer el sistema de justicia y recomendará políticas para combatir a los grupos criminales que actúan con impunidad en el país.
