El Gobierno y la Fiscalía boliviana confían en que la administración del nuevo mandatario electo de EE.UU., Barack Obama, sea "favorable" a la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), acusado en Bolivia de "genocidio".
"Siempre queda la esperanza de que el nuevo Gobierno (de EE.UU.) sea más favorable al requerimiento de la justicia boliviana", dijo hoy a Efe el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
La petición de extradición fue presentada formalmente ayer por las autoridades bolivianas en Estados Unidos, cinco años después de la crisis que en 2003 derivó en la muerte de más de 60 personas y causó la dimisión del ex gobernante.
Chávez recordó que en su momento las autoridades estadounidenses no cooperaron con la justicia boliviana, que solicitó cursar notificaciones oficiales a Sánchez de Lozada del proceso iniciado en su contra en Bolivia.
De su parte, el viceministro de Coordinación de los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, afirmó que esperan que el nuevo Gobierno de Washington, que asumirá en enero, de viabilidad a la extradición.
"Esperamos que ese anuncio de cambios, como resultado de la elección de un nuevo presidente, llegue a viabilizar la extradición de Sánchez de Lozada, quien ha gozado hasta la fecha de protección política en Estados Unidos durante el Gobierno de George Bush", dijo Llorenti al diario La Prensa.
Sánchez de Lozada está acusado por "genocidio", figura penal que en Bolivia abarca la "masacre sangrienta", mientras que sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y de Hidrocarburos Jorge Berindoague afrontan la denuncia de complicidad en ese delito.
El fiscal investigador del caso, Milton Mendoza, comentó que a partir de la entrega oficial del pedido de extradición será importante la "lucha y gestión diplomática" para que EE.UU. atienda la solicitud.
"Esperemos que ese nuevo Gobierno entienda que la demanda boliviana está relacionada con los derechos humanos, lo que compromete a toda la humanidad", dijo Mendoza al señalar que la administración de Bush tuvo "una mala voluntad" ante el proceso.
Ratificó que Sánchez de Lozada y sus dos ex ministros son "extraditables" y que en sus casos se cumple con todos los requisitos fijados en el tratado de extradición de Bolivia y Estados Unidos.
Precisó que Sánchez de Lozada no goza del estatus de refugiado político, ni doble nacionalidad: estadounidenses y boliviana.
El que sí goza del estatus de refugiado es el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín, quien ha acusado varias veces al Gobierno de Evo Morales de perseguirlo políticamente.
De su parte, el abogado acusador, Rogelio Mayta, representante de las familias de las víctimas de la matanza del 2003, dijo a Efe que el proceso de extradición puede demorarse hasta cuatro años si hacen uso de los diferentes recursos que permite la justicia de EE.UU.
Además, sostuvo que hay "un escenario complicado" porque el abogado Gregory Graig, que es uno de los defensores de Sánchez de Lozada, es "un asesor principal" de Obama en asuntos para Latinoamérica y podría ocupar un cargo destacado en la nueva administración.
La ausencia de los tres acusados que residen en EE.UU. impedirá que sean juzgados en Bolivia en el proceso oral que puede comenzar este mes, a diferencia de otros nueve ex ministros y cinco ex altos jefes militares que aceptaron someterse a él.
