El Gobierno de Colombia dijo hoy que sostener que en el país hay una política de impunidad sobre las ejecuciones extrajudiciales, como lo señala un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), "no corresponde a la verdad".
Así lo expresó a través de un comunicado de prensa divulgado por la Cancillería colombiana en el que responde al informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, Philip Alston.
El informe de Alston, divulgado en las últimas horas en Ginebra, señala que en Colombia han habido avances en materia de seguridad, pero dijo que también existe "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y que la impunidad abarca el 98,5 por ciento de los casos.
Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias y quien visitó Colombia en junio de 2009, afirma que persisten "graves problemas" en relación con las políticas de seguridad en el país.
Según la Cancillería colombiana "sostener que hay una política de impunidad ante estos hechos no corresponde a la realidad", pues en la actualidad los jefes paramilitares se encuentran en la cárcel.
Añade que 42.233 crímenes están en proceso de confesión ante la Unidad de Justicia y Paz y hay 230 escritos de imputación de cargos en proceso de convertirse en sentencias.
Puntualiza que en casos de homicidio en persona protegida la Fiscalía estableció una unidad especial que ha logrado la condena de 194 personas y tiene a cerca de 700 servidores en etapa de juicio.
Detalla que esa misma unidad ha beneficiado a 425 miembros de la Fuerza Pública con abstenciones de medida de aseguramiento o preclusiones de investigaciones.
Aunque el informe de la ONU destaca la colaboración de Colombia cuando el relator ha visitado el país, al igual que los logros en protección y las medidas para enfrentar denuncias, "éste no recoge las consideraciones que el Gobierno envió sobre el informe".
La Cancillería destaca también el hecho de que el Relator indique en su informe que no ha visto "evidencia que sugiera que estos asesinatos fueron cometidos como parte de una política oficial o que hubiesen sido ordenados por altos oficiales del Gobierno".
Agrega, por último, que el próximo 3 de junio el Gobierno colombiano hará pública la respuesta al Informe del Relator y responderá las inquietudes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
