El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, José Vicente Troya, defendió hoy la actuación de los jueces que dictaminaron la libertad de Jorge Hugo Reyes Torres, acusado de dirigir una antigua banda de narcotráfico y que permaneció más de quince años en la cárcel.
Troya pidió, como presidente de la función judicial ecuatoriana, "que se respete a los jueces", lo que además reclamó, con más énfasis "a todos los funcionarios públicos", recogió TC Televisión.
Sus declaraciones hicieron referencia al fiscal general, Washington Pesántez que, tras conocer la decisión de los jueces, anunció que abriría una investigación contra los magistrados para estudiar su conducta que, "apartándose totalmente del Derecho, han expedido la sentencia".
"Si se quiere hacer indagaciones que se hagan, que se comiencen si es que hay mérito para ello, si es que hay indicios", aseveró Troya y agregó que "si se llega a establecer que ha existido dolo se sancionará a los jueces".
No obstante, reiteró su pedido de que se respete la actuación de los jueces porque "no podemos vivir esta precariedad, que se expide una sentencia, se expide una absolución e inmediatamente vienen a denostar y a atacar a los jueces".
El pasado viernes, el presunto narcotraficante salió de prisión después de que la Sala Segunda de lo Penal de Quito, tras corregir fallos en sentencias contra él, emitidas en el pasado, lo absolviera y ordenara su liberación.
Según declaró ayer Luis Abarca, uno de los jueces responsables de la decisión, "la policía fraguó toda una patraña con la complicidad de los fiscales y la cobardía de los jueces" para detener a Reyes Torres.
Éste fue acusado de liderar una antigua banda de narcotráfico conocida como "Los Reyes Magos" y permaneció recluido en el penal de Quito por varios casos relacionados con el tráfico de drogas.
Además de anular las medidas cautelares en contra del detenido, la Sala Segunda ordenó que se detallen todos los bienes decomisados, para cumplir con los fines de ley.
Entre los bienes incautados a Reyes Torres en varias operaciones antinarcóticos de la Policía se incluyen 40 casas y haciendas, 45 vehículos, cuatro avionetas y cinco edificios.
