La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inaugurará mañana un nuevo período de sesiones ordinarias del Parlamento, en el que el oficialismo perderá la hegemonía que mantenía desde 2003.
El revés electoral cosechado por el Gobierno en junio último ha dejado en el Senado una reñida paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, que en la Cámara de Diputados ostentará una clara mayoría, aunque en un marco de muy dispares intereses.
La jefa del Estado pronunciará su discurso ante la Asamblea Legislativa en medio de la polémica desatada la última semana por el control de las principales comisiones del Senado.
Uno de los primeros asuntos sobre los que deberá deliberar el Congreso es la validez de un controvertido decreto presidencial de diciembre por el cual se ordenó constituir un millonario fondo proveniente de reservas del Banco Central para garantizar el pago de deudas soberanas.
El miércoles pasado, la oposición no logró imponer su mayoría para quedarse con el control de las principales comisiones de la cámara alta al no contar con los votos necesarios para obtener quórum, lo que originó una ola de acusaciones cruzadas.
La sesión contaba con la presencia de 71 de los 72 integrantes del cuerpo, pero cuando los senadores se aprestaban a votar una propuesta de la oposición que le daba la titularidad de 13 de las 25 comisiones, el oficialismo abandonó sus bancas.
Así, sólo quedaron en el recinto 36 senadores de la oposición, sin el quórum necesario de 37 que se precisa para habilitar una votación.
El gran ausente en la sesión fue el ex presidente y actual senador Carlos Menem (1989-1999), quien había comprometido su apoyo al sector opositor.
Menem, peronista como Fernández pero enfrentado con la jefa del Estado, dijo haber faltado a la sesión porque se sintió "destratado" por la oposición, aunque aseguró que el próximo miércoles, cuando se vuelva a discutir el asunto, concurrirá al Parlamento y votará en contra del oficialismo.
Desde hace días, la oposición venía sosteniendo que contaba con 37 votos para imponer una propuesta que le daría la presidencia de 13 comisiones senatoriales.
Además, esa propuesta preveía que cada una de ellas se integrara con ocho opositores y siete representantes del gobernante Frente para la Victoria (FPV, peronista).
Según el senador Gerardo Morales, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), el criterio de reparto de comisiones de esa propuesta obedece al resultado de las elecciones legislativas de junio.
Pero Miguel Pichetto, presidente de la bancada del FPV, la tachó de "arbitraria", "abusiva" e "injusta" por no incorporar criterios de representatividad ni respetar los derechos del oficialismo, que, recordó, con 32 senadores es la primera fuerza en el cuerpo legislativo.
Quien ha asegurado que no concurrirá mañana al Parlamento es la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, que además advirtió de que sus colegas de partido se retirarán del recinto si Cristina Fernández critica en su discurso a la oposición, a la Justicia o a la prensa.
"¿Qué sesiones va a inaugurar la jefa del Estado si al mismo tiempo las impide?", se preguntó la ex candidata presidencial antes de proponer, sin éxito, que la totalidad de la oposición boicoteara la Asamblea Legislativa.
La nueva relación de fuerzas en el Parlamento también se pondrá a prueba cuando en breve se discuta el decreto presidencial que en diciembre creó el Fondo del Bicentenario, que debía constituirse con 6.569 millones de dólares provenientes de reservas del Banco Central y cuyo destino era garantizar el pago de deudas soberanas.
Mientras el Gobierno asegura que la creación de este fondo supone una "señal positiva" a los inversores y es vital para que el país pueda financiarse a tasas razonables, la oposición considera que lo que verdaderamente se busca es sustentar el elevado gasto público.
El Fondo del Bicentenario desató una crisis institucional en enero pasado ante la negativa a habilitar las reservas por parte del entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien acudió a la Justicia cuando Fernández lo destituyó pero finalmente presentó su renuncia.
La oposición también recurrió a la vía judicial para arremeter contra el polémico fondo, aunque se estima que el asunto tendrá una solución política en el Parlamento.
