El Alto Tribunal de Londres negó ayer a los abogados de Augusto Pinochet la posibilidad de apelar el inicio del proceso de extradición contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que puede comenzar teóricamente siete meses después de su detención.
Los defensores de Pinochet, asignado a residencia en Londres desde hace siete meses, esperaban bloquear el examen de la demanda de extradición española que, en principio, será iniciada el 4 de junio ante un tribunal británico.
Los abogados estudian, sin embargo, la posibilidad de apelar contra la decisión de ayer jueves.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, había iniciado formalmente este procedimiento el 15 de abril, a pesar de que los jueces de la cámara de los Lores, la más alta instancia penal británica, decidieron que la mayoría de los crímenes reprochados a Pinochet no pueden dar lugar a una extradición.
El juez español Baltasar Garzón, encargado del expediente de acusación, reforzó el informe transmitido a la justicia británica con un número substancial de cargos relativos a crímenes cometidos después de diciembre de 1988.
El gobierno chileno y los partidarios del general Augusto Pinochet recibieron sin sorpresa el veredicto.
"Era previsible", dijo una alta fuente de la Cancillería.
"El Gobierno va a esperar lo que pase en las próximas dos semanas", señaló el canciller José Miguel Insulza, al referirse a las posibilidades que puedan surgir en el plano judicial.
"En función de eso tomaremos una decisión", agregó el ministro.
El presidente Eduardo Frei, en un mensaje ante el Parlamento el viernes pasado para dar cuenta de la marcha de su administración, adelantó que utilizará el camino de los contactos políticos y las razones humanitarias para liberar al ex dictador, que en Chile enfrenta una veintena de juicios.
Frei mantuvo un contacto telefónico con el presidente del Gobierno español José María Aznar el pasado 7 de mayo, y dentro de un mes proyecta reunirse con el primer ministro británico, Tony Blair, cuando ambos concurran a la cumbre de gobernantes de Europa y América latina, en Brasil.
Pese a esta postura del gobierno, varios de cuyos funcionarios fueron exiliados bajo el régimen de Pinochet, parlamentarios de la derecha que apoyaron a ese gobierno provocaron violentos disturbios y abandonaron la solemne ceremonia donde habló Frei para protestar por la presencia de los embajadores de España y Gran Bretaña. Dirigentes de la derecha, sin embargo, afirmaron ayer que es "razonable" invocar razones humanitarias para lograr el regreso de Pinochet, de 83 años, porque el proceso de extradición a España "tiende a ser muy largo", según indicó el senador Hernán Larraín, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
Dirigentes de la Fundación Augusto Pinochet, que agrupa a sus partidarios, iniciaron una reunión extraordinaria tras el veredicto del tribunal londinense, pero en la sede no se observaron manifestaciones, como en oportunidades anteriores.
Los seguidores del general atacaron las embajadas británica y española cuando Pinochet fue detenido, el pasado 16 de octubre, para protestar por el pedido de extradición que planteó España en un proceso por los crímenes atribuídos a su régimen de facto, entre 1973 y 1990.