Cinco de los cabecillas de una protesta de habitantes de la región colombiana del Magdalena Medio opuestos a la declaración de una zona neutral para el ELN denunciaron ayer que han recibido amenazas de muerte de esa guerrilla.
Los cinco amenazados encabezaron paros cívicos y bloqueos de carreteras en las últimas tres semanas, hasta el jueves pasado, cuando se logró un acuerdo con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, que se comprometió a no tomar una decisión sin contar con la comunidad.
La Administración de Pastrana se comprometió también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a desmilitarizar un territorio que servirá como "zona de encuentro o de convivencia" para entablar un proceso de paz.
El consejero para el sur del departamento de Bolívar, la región afectada, Fernando Tafur, hizo la denuncia de las amenazas y aunque no identificó a los afectados, dijo que son las personas "que más estuvieron al frente de las protestas".
"Hay cinco, exactamente, quienes más estuvieron de frente (en la protesta), que dicen que han recibido amenazas. Esperamos que esto sea superado", dijo Tafur.
Pastrana anunció en abril pasado la creación de la "zona de encuentro o de convivencia" para el ELN y precisó que estaría localizada en los cascos urbanos y áreas rurales de los municipios de Cantagallo y de San Pablo, en Bolívar y Yondó, en el vecino departamento de Antioquia.
Tafur dijo que, si bien es explicable la preocupación de estas personas, "también sabemos de la sensatez de estas organizaciones al margen de la ley y esperamos que esto sea superado y que no haya más enfrentamientos".
Mientras, la dirección del ELN se reunió el sábado con varias personalidades de la vida pública colombiana con quienes la organización rebelde acordó dialogar, como condición previa a aceptar una negociación de paz.
Según el líder empresarial Sabas Pretelt de la Vega, presente en la reunión, el ELN reiteró su disposición a aceptar la participación de la comunidad del Magdalena Medio en los acuerdos sobre la zona de distensión, con los que se pretende garantizar que los rebeldes no cometan abusos contra la población.
