Alianza FC cayó ayer ante el Tauro FC por 3-2, y la consecuencia de esa derrota no fue otra que relegar al equipo verdolaga a la tercera posición del torneo Clausura de la ANAPROF.
Ambos partidos fueron correspondiente a la octava jornada del torneo futbolero panameño.
En la Pedregaleña, Carlos Rivera anotó en dos oportunidades. El primero a los 12 minutos y el segundo a los 89"; mientras que Pablo Romero redondeó la goleada de los taurinos, que ahora ocupan la segunda casilla.
Mientras que el Alianza marcó por medio de César Medina, a los 22 minutos de tiro penal, y a los 60".
En tanto que San Francisco de La Chorrera venció al Chorrillo 2-0, y con esto los monjes miran hacia abajo para poder ver a sus rivales.
Los goles franciscanos, que jugaron en su feudo, el "Muquita" Sánchez, llegaron a los 45 y 46 minutos por medio de Eduardo Jiménez.
De niño había vivido en Puerto Varas, X Región de los Lagos, Chile. En la radio incursionó entre 1989 y 1994, con el sacerdote Antonio Ronchi, en Puerto Sánchez e Isla Toto, de la red de emisoras Madripo. En Puerto Sánchez conoció a Emilio Anchorena, paraguayo. Por su consejo, decidió viajar en 1995 a Paraguay con su mujer y uno de sus hijos. Lo acompañaron durante un año y regresaron a Chile.
Instaló la radio. La consideraron "pirata" (ilegal). En iguales condiciones, según él, estaban Fiesta, de Hugo Medina, y Radio Frontera, del dirigente liberal Gerardo Denis Florentín, presidente de la Junta Municipal de Mayor Otaño. Las quejas de los vecinos de un colegio que se había quedado sin maestra, por el traslado de la docente Sonia de Denis, habría sido el detonante de la denuncia contra Palma por residir en forma ilegal en Paraguay, firmada por Florentín; la directora del colegio, Guillermina Vera de López; el funcionario local Silvio Rodríguez, y los vecinos Nélida Vázquez de Mereles y Jorgelina Vera González.
Todo comenzó, en su caso, con la publicación de artículos sobre procedimientos de incautación de marihuana en 2006. En su teléfono móvil y en su casa recibió amenazas. "Si querés ver crecer a tu hijo, dejá de meterte en el tema", fue una de ellas. Otra: "En cualquier momento te vamos a liquidar".
La denuncia que provocó su deportación, formulada por el director de Migraciones, Carlos Machuca Vidal, decía que era "su costumbre realizar encuentros con líderes de vastos sectores sociales, culturales y políticos, incitando permanentemente contra el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos al levantamiento popular, no respetando a las autoridades legalmente constituidas en base a elecciones democráticas, manifestando permanentemente que todos son corruptos, llegando al punto tal de atentar contra la soberanía".
Según Machuca Vidal, "este sujeto, que se ha puesto la investidura de protector del pueblo, llegaría a tal con su desfachatez, presumiblemente, de no contar con documento alguno para estar residiendo en el país".
Finalmente, el ministro del Interior, Orlando Fiorotto, revocó la expulsión por medio de la resolución número 39, del 12 de marzo de 2004. En ella admitió el error que había cometido Migraciones. Palma regresó a Mayor Otaño y, a su vez, pidió garantías porque ya habían atentado contra su vida. En el pueblo, los vecinos organizaron "fiestas de apoyo" para recibirlo. En uno de sus bolsillos hallaron, la noche del crimen, documentos que demostraban que estaba haciendo los trámites para regularizar su situación ante la Dirección de Migraciones.
Poco antes del desenlace, Juan Augusto Roa, corresponsal del ABC Color en Itapúa, había recibido un mensaje de texto de Palma en su teléfono móvil: decía que tenía información que quería compartir con él. "No pude llamarlo inmediatamente y luego me enteré de lo ocurrido "se lamentó". Él sabía que vivía en la mira de gente que se sentía afectada por lo que decía. Constantemente denunciaba ese tipo de cosas. Recuerdo que era muy corajudo; no tenía pelos en la lengua para hablar y criticar. Eso es lo que recuerdo bien".
Oscar Bogado, corresponsal del diario Última Hora, de Asunción, también ha sido víctima de persecuciones y amenazas de muerte. Hasta entraron en su casa. "Las personas que hicieron esto son los mismos que asesinaron a Tito Palma y que atentaron contra otro colega de la zona", afirmó.
Todo comenzó, en su caso, con la publicación de artículos sobre procedimientos de incautación de marihuana en 2006. En su teléfono móvil y en su casa recibió amenazas. "Si querés ver crecer a tu hijo, dejá de meterte en el tema", fue una de ellas. Otra: "En cualquier momento te vamos a liquidar". Su situación se agravó en 2007: "Fueron un poco más lejos, porque me siguieron desde mi casa hasta el lugar de trabajo de mi esposa, entraron en mi casa, fotografiaron mi casa e insistieron en que estaban siguiendo mis pasos y que, cuando quisieran, iban a liquidarme".
Frente a ello, Bogado radicó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y la Policía Nacional. Le asignaron custodia por unas semanas, pero advirtió que la investigación había sido escasa. Mientras tanto, agregó, "tengo que vivir con el peligro latente todos los días" y, "cuando salgo de mi casa, no sé si voy a volver".
La zona en sí es, para los periodistas, un desafío cotidiano. "La verdad del departamento de Itapúa es conocida por la producción y el tráfico de marihuana, además de otros delitos -señaló Bogado-. El nordeste del departamento es tierra de nadie. Las autoridades no existen y la población no quiere tirar (revelar) ningún dato por temor a las represalias. El que habla amanece al otro día tirado en cualquier bosque".
En los primeros allanamientos, el fiscal Ramos se incautó de una cámara fotográfica, un grabador, papeles y cédulas de identidad a nombre de César Rubén Oviedo Franco (de Santa Rosa, departamento de Misiones) y de Antolín Brítez (de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú), entre otros elementos. También obtuvo una copia de la carta dirigida al presidente Duarte Frutos en la cual Palma detallaba pormenores del contrabando de gasoil, el narcotráfico y las radio mau (ilegales) de la zona, pero no daba nombres.
En el nordeste de Itapúa, según confiaron fuentes de la zona que pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a las represalias, "operan dos o más grupos de narcotraficantes. Tienen poder político y están en instituciones públicas que obedecen las órdenes del presidente de la República. Inclusive, los jefes están muchas veces presentes en reuniones políticas con él. Gozan de una total impunidad. Hacen lo que quieren".
Esa situación afectaría a las fuerzas policiales y militares, así como a los fiscales, que, agregaron las fuentes, "tendrían mucho que ver con el aumento de la plantación y el tráfico de marihuana. Las personas que encabezan las bandas no escatiman ningún esfuerzo en liquidar a quienes saben de sus movimientos o sus negocios. Por eso, muchos, por temor, no salen a decir lo que saben. Eso le pasó a Tito Palma por denunciar los movimientos del narcotráfico. Los mafiosos lo liquidaron. El método más utilizado por ellos son las amenazas de muerte y, luego, cumplen con sus promesas. Varios cuerpos aparecen en los caminos vecinales".
La mafia, a la cual Palma se había referido en su última intervención radial y por la cual iba a regresar a Chile, pagaría "cuotas" para moverse a sus anchas en tierra de nadie, gobernada por la impunidad. Un periodista de la zona recibió una amenaza después del crimen: "Ahora seguís vos". Le advirtieron que no lo divulgara y que se abstuviera de radicar la denuncia. Se siente solo, triste, atormentado. Sólo abriga una esperanza: irse del país. Como Palma, antes de que sea demasiado tarde.
Lugar de nacimiento: Coyhaique, Chile.
Edad al fallecer: 48 años.
Profesión/cargo: periodista radial independiente.
Antecedentes periodísticos: se desempeñó en radios locales y como corresponsal de emisoras de Asunción.
Años de ejercer el periodismo: 15 años.
Reconocimientos: no obtuvo en forma oficial, excepto el apoyo del pueblo cuando fue deportado.
Fecha del asesinato: 22 de agosto del 2007
Posibles móviles: las denuncias contra políticos vinculados con el contrabando de gasoil y el narcotráfico.
Presuntos autores o implicados: se desconoce la identidad, pero se sospecha de policías y de sus propios familiares.
Consecuencias violentas: su muerte y amenazas contra otros periodistas, lo cual fomenta el temor y la autocensura en una zona hostil para ejercer el periodismo.
